A finales de 2013, José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944) entregó a Mariano Rajoy una propuesta de reforma para adaptar la Constitución a los tiempos que corren. Cuatro años después, el exministro de Asuntos Exteriores ha decidido que es el momento de publicarla bajo el título Por una convivencia democrática (Deusto), porque “si las cosas han cambiado, también deben hacerlo las instituciones y las leyes”. Aprovechamos esta entrevista para preguntarle sobre los ajustes concretos que plantea para la Carta Magna, pero también sobre la situación en Catalunya y la opinión que le merece el nuevo y voluble escenario internacional.
Texto: Berta Seijo
Fotos: Ministerio de Asuntos Exteriores
A grandes rasgos, ¿qué cambios reúne su plan de reforma constitucional?
Cuando redactamos la Constitución de 1978, la globalización estaba en mantillas –hasta 1992, prácticamente nadie tenía correo electrónico– y España no formaba parte ni de la UE. Ahora, sin embargo, estamos obligados a reconsiderar libertades y derechos de nueva generación. Pienso en el asilo, en el terrorismo, en otros derechos sociales para atender a los perdedores de la globalización, en derechos políticos para recuperar el prestigio de las instituciones. Debemos establecer un título en el que se hable de la UE, en el que se definan los papeles del Estado y de las comunidades autónomas, las políticas que España debe defender en Bruselas y la responsabilidad por la no ejecución de determinadas decisiones comunitarias.
Por otro lado, es obvio que hay que sacar adelante una ley de lenguas oficiales que colme el vacío que hay entre el artículo tercero de la Constitución y las legislaciones autonómicas; no es bueno que una materia tan delicada tenga que resolverse en los tribunales. Y, entre otras cosas, es fundamental poner solución al tema de la financiación autonómica y a problemas puntuales como el de la sucesión en la Corona o el de la investidura. Hay mucho por corregir en la Constitución, y eso es lo que yo propongo. Es un primer paso para ir desarrollando un modelo económico más sostenible, más productivo, para poder subir el poder adquisitivo y los salarios de los españoles. Se trata, en definitiva, de actualizar un traje que es bueno, pero que se nos ha quedado estrecho.
“Actualmente no habría que abordar un proceso constituyente porque gran parte de los principios y normas que están en la Constitución han funcionado. Lo que hay que cambiar son los defectos de diseño, de funcionamiento y los sobrevenidos.”
¿Cree que nuestras fuerzas políticas están lo suficientemente preparadas para abordar y actualizar un pacto constitucional?
Creo que sí. No es sencillo, pero tampoco lo era en 1977, cuando las circunstancias se presentaban más complicadas que ahora. Actualmente no habría que abordar un proceso constituyente porque gran parte de los principios y normas que están en la Constitución han funcionado y nos han dado los mejores años de nuestra historia. Lo que hay que cambiar son los defectos de diseño a los que me he referido anteriormente, los defectos de funcionamiento y los sobrevenidos.
Es un pacto que se tendría que abordar en esta legislatura, siguiendo tres principios muy claros. Primero: la Constitución tiene que modificarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. Segundo: hay que hacerlo por consenso. Y tercero: se debe definir con claridad de qué se va a hablar y de qué no. Porque no se puede hablar de los pilares que definen la identidad constitucional de España: la soberanía del pueblo, la unidad nacional, la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones, y la solidaridad.
Hablando de la capacidad o incapacidad de llegar a acuerdos de nuestros políticos, tengo que preguntarle sobre la situación que se está viviendo en Catalunya. ¿Por qué cree que hemos llegado hasta aquí?
Cuando elaboramos la Constitución, se restableció la Generalitat con Josep Tarradellas y aprobamos el Estatuto de 1979, creímos que habíamos encauzado la cuestión de la organización territorial del Estado. Pero desde 1980, la política de construcción nacional que impulsó Jordi Pujol ha traído consigo un proceso de pensamiento único en Catalunya a favor de la separación, alentado desde los medios de comunicación públicos y la educación. Todo esto se aceleró con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut –en este punto, Pujol llegó a afirmar que se pasaba del autonomismo al independentismo– y la petición de un pacto fiscal cuyo cumplimiento era imposible y que Artur Mas utilizó para “quemar el último puente”. A partir de aquí, se suceden todas las opciones del Parlament, hasta llegar a la ruptura del orden institucional. Porque lo que no hay que olvidar es que esa ley se llama “de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”; es una declaración de independencia más seria que la que hizo Lluís Companys en 1934. Él hablaba de un Estado catalán dentro de la República española, pero ahora vamos mucho más allá. Hemos entrado en una etapa de enfrentamiento que espero que dure lo menos posible y que no rompa demasiados platos, porque a partir de ahora tendremos que volver a hablar y a entendernos.
Usted afirma que los culpables de esta situación son los independentistas, ¿pero no habría que responsabilizar también a los que no han sido capaces de construir una narrativa alternativa al discurso separatista?
Que los culpables de haber llegado hasta aquí son los separatistas es una evidencia fáctica. Pero también es cierto que ha existido un silencio culpable por parte de los catalanes no independentistas y por parte de la opinión pública española no independentista, que ha frenado la existencia de un relato alternativo.
Me gustaría saber su opinión sobre lo que puede suceder si, tras el referéndum, la Declaración Unilateral de Independencia sigue adelante.
Se está afirmando que una Catalunya independiente fruto de un referéndum ilegal sería una especie de Arcadia feliz, cuando la verdad es que sería un país no reconocido prácticamente por ningún estado, excluido de la UE, de la ONU, de la Alianza Atlántica y de otros organismos internacionales. Además, tendría que afrontar una deuda pública de 75.000 millones de euros –sin contar con la parte correspondiente a la deuda española en caso de secesión–. Con los mercados cerrados y sin acceso al fondo de liquidez autonómica ni al Banco Central, la primera declaración de una Catalunya independiente sería la quiebra. A partir de ese momento, probablemente tendría que establecer una nueva moneda –que sería devaluada en el acto– y realizar un enorme esfuerzo de competitividad porque sólo conseguiría pagar esa deuda estableciendo unas relaciones comerciales que le permitieran tener un excedente. No es una tarea fácil teniendo en cuenta que actualmente Catalunya tiene un déficit con el resto del mundo que únicamente compensa con el superávit con las otras Españas, es decir, exporta más a Aragón que a Alemania. Todo esto se traduciría en una devaluación interna, una pérdida rabiosa del poder adquisitivo y un empobrecimiento de entre el 20% y el 30%.
Dejando a un lado el tema catalán, en su libro aborda las tres cuestiones que más le han hecho reflexionar a lo largo de su vida política, y que, según afirma, “no dejarán de preocuparme mientras viva”: España, Europa y el mundo que nos ha tocado vivir. Hábleme de este último: Trump, el brexit, Corea del Norte, Venezuela, etc. ¿Peligra la estabilidad internacional?
Sí, peligra. Vivimos en un mundo en el que cada día aparece un prodigio, una situación no esperada fruto de la resaca de la globalización y de su primera crisis, la crisis económica.
En primer lugar, la globalización, que es irreversible y que ha conllevado un aumento de la riqueza internacional, ha tenido también contraindicaciones. Hay gente que se ha sentido abandonada, gente que tiene miedo a perder su puesto de trabajo porque la empresa se deslocalice o porque otros acepten condiciones laborales inferiores. En segundo lugar, muchas personas que a duras penas llegan a fin de mes no entienden que, para evitar la quiebra, gobiernos y bancos hayan acudido al rescate de unas entidades financieras que, en su momento, se repartieron bonus y dividendos realmente estratosféricos. Por poner un ejemplo, los presidentes de los cinco bancos rescatados en Estados Unidos se repartieron, unos cinco años antes del estallido de la crisis, 3.500 millones de dólares en bonificaciones. Todo esto tiene una consecuencia muy importante en el campo ideológico: el final de la revolución neoconservadora y el inicio de muchos cambios. Es el momento de ir hacia un orden monetario cuasi fijo y hacia un orden comercial más inclusivo y sostenible.
Es diputado en el Congreso desde 1977, pero se le conoce por ser el “verso suelto” del PP, por haber dicho siempre las cosas que piensa. Entiendo que es partidario de que se fomente el debate interno en los partidos políticos.
Si no hacemos de los partidos políticos un foro de debate interno, aquellas personas que no tienen el menor interés en ocupar un puesto político y que sólo quieren aportar sus ideas y cooperar en un proyecto que entienden que es el mejor para España, simplemente se hartarán y no querrán formar parte de ellos.
¿Pero por qué esta no es una práctica habitual ni “muy bien vista”, al menos en nuestro país?
Porque es mucho más fácil manejar una organización en la que la disciplina interna es la regla que tener que discutirlo todo. En España, además, contamos con el caso de UCD, en el que probablemente el exceso de pluralidad acabó con el partido. Pienso que esto intensificó la prudencia de los dirigentes españoles. Pero si nos fijamos en países como Reino Unido, Estados Unidos o Francia, es obvio que existe un debate interno muy fuerte. Y yo pienso que es enriquecedor, porque un partido que quiere ser útil y representar a la sociedad tiene que reflejar su pluralidad y diversidad.
[Sobre Catalunya]: “Hemos entrado en una etapa de enfrentamiento que espero que dure lo menos posible y que no rompa demasiados platos, porque a partir de ahora tendremos que volver a hablar y a entendernos.”
Por último, ¿cuáles son sus planes cuando concluya la legislatura?
Por ahora mi mayor preocupación es intentar ayudar a imaginar el mundo, ser mucho más concreto en el tema de Europa y, desde luego, seguir pensando en España: ayudar a que cuanto antes salgamos de esta encrucijada que me quita el sueño, y abordar una modernización permanente de un país al que adoro.