Revista de Análisis Plural

Entrevista a Nicholas Barr, economista y profesor de Economía Pública en la London School of Economics (LSE)

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¿Qué falla en los sistemas de pensiones de la gran mayoría de países? Nicholas Barr, uno de los gurús de referencia mundial en materia de economía pública y política social, nos lo aclara en esta entrevista en la que, además, averiguaremos por qué la adaptación permanente a los cambios demográficos y económicos es el único remedio para salvaguardar el futuro de nuestras pensiones.

Text: Berta Seijo
Fotos: London School of Economics (LSE)


Según la ONU, más de la mitad de la población mundial superará los 60 años en 2030. Esto quiere decir que vamos a vivir más que nunca, pero también que el dinero que el Gobierno destina a financiar las pensiones podrían agotarse antes de lo previsto. ¿Cree que aún hay tiempo para vencer la creciente crisis de las pensiones? Y, ¿cómo deberían actuar los países ante esta situación?
El envejecimiento de la población tiene dos causas: el aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad. La primera es una muy buena noticia. Pero si la edad de jubilación se mantiene, por ejemplo, en los 65 años, como las personas vivimos cada vez más, financiar las pensiones es también más caro.
Si vivimos más, una respuesta razonable sería que trabajáramos más años y, por tanto, la edad de jubilación debería incrementarse a medida que la esperanza de vida aumenta. Si la tasa de natalidad baja, la población activa se verá reducida y deberá ser más productiva para mantener económicamente a una generación de pensionistas tan amplia. Pienso que la manera de afrontar este reto pasa por incrementar la inversión en capital físico y capital humano; la manera de financiar una mayor inversión es a través de un mayor ahorro.

“La elección de la edad de jubilación depende de una combinación de factores como la demografía, la situación fiscal de un país y la economía política, que varían a lo largo de los años y según el país.”

Usted ha afirmado en varias ocasiones que no hay un único sistema de pensiones adecuado para todos los países. Sin embargo, también ha sugerido que aumentar la edad de jubilación puede ser siempre una buena solución cuando hay dificultades a la hora de pagar las pensiones. Dicho esto, ¿cuál sería la edad de jubilación “ideal”? ¿Hay alguna forma efectiva de calcularla dado el aumento de la desigualdad en el mundo en cuanto a ingresos y esperanza de vida?
Cualquier buen sistema de pensiones cuenta con una edad de partida en la que una persona puede empezar a cobrar su pensión, con las pensiones creciendo de forma actuarial en líneas generales para un inicio retrasado de la prestación. En este sentido, no hay una edad más “idónea” que otra. Ahora bien, los legisladores se enfrentan a dos fenómenos compensatorios: por un lado, la gente vive más y apunta hacia una edad de jubilación más tardía y, por otro, los países son cada vez más ricos y se pueden permitir el lujo de ofrecer a la población un período de tiempo libre al final de su vida útil, tendencia que los empuja a querer fijar una edad de jubilación más temprana.
Por lo tanto, la elección de la edad de jubilación depende de una combinación de factores como la demografía (por ejemplo, cuánto aumenta la esperanza de vida), la economía (la situación fiscal de un país) y la economía política (si las tasas más altas de cotización para las pensiones son políticamente factibles), que varían a lo largo de los años y según el país.

“Si la falacia de la porción de trabajo fuera cierta”, los países con una edad de jubilación más tardía tendrían tasas de paro juvenil más elevadas. Y esto no ocurre. De hecho, son los países con una edad de jubilación más temprana los que acumulan las cifras más elevadas de paro juvenil.”

¿Qué respuesta daría a aquellos que piensan que una jubilación más tardía podría afectar a la mano de obra joven? ¿Piensa que una jubilación temprana realmente ayuda a reducir el paro?
Afirmar que la jubilación anticipada agrava el desempleo juvenil es lo que los economistas llamamos la “falacia de la porción de trabajo” o, en otras palabras, asumir que el número de puestos de trabajo es fijo y que, por tanto, si los trabajadores de mayor edad tienen una tasa de empleo elevada habrá un menor número de vacantes para los trabajadores más jóvenes. Pero la realidad es muy diferente. Si un país dispone de un mercado de trabajo que funciona correctamente, el impacto del aumento gradual de la edad de jubilación conducirá a un incremento progresivo de la población activa. Y que haya más trabajadores equivaldrá a que los salarios suban más lentamente de lo que lo harían en otro caso y, como consecuencia, los empresarios amplíen su plantilla. En resumen, si hay un incremento gradual en el suministro de mano de obra, el mercado laboral se adaptará.
La prueba más clara es que si la falacia de la porción de trabajo fuera cierta, los países con una edad de jubilación más tardía tendrían tasas de paro juvenil más elevadas. Y esto no ocurre. De hecho, son los países con una edad de jubilación más temprana los que acumulan las cifras más elevadas de paro juvenil. El paro juvenil es un problema terrible que los políticos deben abordar. Pero una respuesta efectiva requiere de un diagnóstico correcto de la causa. Y la causa no es el diseño de las pensiones, sino más bien una cuestión de la formación disponible para la gente joven y la flexibilidad del mercado laboral.

¿Cree que en un país como España (que ya ha tenido que recurrir a su Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir un gran déficit del sistema de la seguridad social), sería aconsejable pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización? ¿Cuántos años podrían ser necesarios para hacer frente a esta transición entre sistemas de pensiones tan diferentes?
Aunque fomentar el ahorro es recomendable, la transición hacia el sistema de capitalización no es fácil. Los costes son importantes. Si las contribuciones de los trabajadores se desvían hacia cuentas individuales, éstas no se podrán utilizar para financiar las pensiones actuales y, por tanto, las promesas hechas en el pasado se deberán cumplir con dinero de otras partidas presupuestarias.
Aunque se denominen “costes de transición”, cabe señalar que son significativos y de larga duración. Chile introdujo cuentas de capitalización individual en 1981, pero entre ese año y 2004 (es decir, a lo largo de cerca de dos décadas) el gasto anual en pensiones públicas supuso el 5% del PIB. Además, el coste total no desaparecerá hasta 2050… En resumen, tardarán 70 años en saldar los gastos de la transición.
Así, el cambio hacia un sistema de capitalización se debe llevar a cabo cuando un país tiene una posición fiscal sólida a largo plazo, y no como respuesta a una crisis presupuestaria. Por tanto, no es sorprendente que aquellos estados de la Europa central y del Este que incorporaron cuentas de capitalización individual a finales de los años 90 tuvieran que hacer frente a muchos problemas una vez estalló la crisis en 2008. Finalmente, muchos de estos países tuvieron que renunciar a este tipo de reformas a la fuerza.
Ahora bien, los costes administrativos son otra cuestión importante. Una tasa administrativa de un 1% sobre la acumulación de una persona (cifra no es excesiva), a lo largo de toda su carrera profesional, conllevará una acumulación (y, por tanto, una pensión) un 20% menor que lo que resultaría sin esta carga. Por tanto, los proyectos que tienen el objetivo de fomentar u obligar a ahorrar deberían ser lo más simples posibles para reducir los costes administrativos.
Por último, también debemos tener en cuenta la economía política de la reforma. Pensiones de mayor cuantía pueden actuar como un imán para los gobiernos que enfrentan problemas fiscales, como fueron los casos notables de Argentina en 2000 y de Hungría en 2010. Los planes de pensiones requieren de buenos gobiernos durante muchos años.

Barr reconoce que ni él mismo, en la práctica, no está bien equipado cuando se trata de gestionar un buen fondo de pensiones porque “son instrumentos financieros altamente complejos con un amplio horizonte a largo plazo”.

Usted es un defensor de la flexibilidad cuando se trata de dejar que las personas que alcanzan su edad de jubilación decidan si quieren seguir trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial o si prefieren cobrar el 100% de su pensión. Ahora bien, ¿cree que en general estamos lo suficientemente preparados para seleccionar un buen fondo de pensiones? ¿En qué lugar queda el libre albedrío en este caso?
Aunque en principio nos parezca una buena idea poder tomar las decisiones que más nos convienen, no siempre estamos lo suficientemente bien informados para acertar. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos necesitamos el consejo de un farmacéutico o de un médico por la sencilla razón de que las decisiones involucradas son técnicamente muy complejas para la mayoría de la población. Y las pensiones son instrumentos financieros altamente complejos con un amplio horizonte a largo plazo. La mayoría de gente no entiende los principios subyacentes (por ejemplo el concepto de un valor presente que apuntale los cálculos de las rentas); pero incluso alguien que los entienda (por ejemplo, yo mismo) en la práctica no está bien equipado cuando se trata de gestionar un buen fondo de pensiones. Y no olvidemos que aunque un fondo de pensiones funcionara bien en el pasado no hay ningún motivo para pensar que lo hará igual en el futuro.
En cambio, las personas conocen sus preferencias sobre si les gustaría retirarse tan pronto como se les permite, o si quieren seguir trabajando a tiempo completo, o si les gustaría combinar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. Esta elección es más simple que la elección de un fondo de pensiones, y un sistema de pensiones bien diseñado debería permitir a los ciudadanos tomar esta decisión.

“Aunque fomentar el ahorro es recomendable, la transición hacia el sistema de capitalización no es fácil. Los costes son importantes. Si las contribuciones de los trabajadores se desvían hacia cuentas individuales, éstas no se podrán utilizar para financiar las pensiones actuales.”

Así como ocurre con la perdurabilidad de los sistemas de pensiones en Europa, últimamente el Estado de bienestar también ha sido objeto de un intenso escrutinio en la gran mayoría de países miembros de la UE debido a las presiones presupuestarias. Con esto en mente, ¿cuál es su visión sobre el futuro de los Estados de bienestar europeos si las reformas no dan resultados? ¿Podemos afirmar que la salud y la educación pública están en peligro?
El Estado de bienestar hace cosas que, por razones técnicas, los mercados privados harían mal o directamente no harían y, en este sentido, está aquí para quedarse. Pero, aunque las instituciones sean razonablemente consistentes, lo que podría cambiar es el número de prestaciones, que podrían disminuir con el tiempo. Y me refiero a los ámbitos de las pensiones y, como dices, también de la educación y la sanidad. La inquietud pública se mantendrá y seguramente notaremos la presión en la caída de las prestaciones y/o en la subida de las tasas.

En términos generales, ¿podemos considerar que la solución al lío de las pensiones radica en la planificación a largo plazo? ¿Cree que los políticos finalmente optarán por esta vía aunque dé lugar a medidas impopulares para los trabajadores actuales?
Las reformas que exponen a las personas cercanas a la jubilación a grandes choques son malas. Y es que la política debe hacerse con una perspectiva a largo plazo, que requiere el apoyo de todos los partidos tanto en el momento inmediato de la reforma como a partir de entonces. Suecia, que introdujo una reforma estratégica bien diseñada a finales de los 90, es precisamente un buen ejemplo de esta manera de hacer. La otra cara de la moneda es Italia: durante mucho tiempo fue aplazando una reforma necesaria hasta que en 2011 tuvo que llevar a cabo cambios muy drásticos para su población, coronando así 25 años de fracaso político.

EL PERFIL

Profesor de Economía Pública en la London School of Economics and Political Science (LSE), Nicholas Barr (Reino Unido, 1943) es experto en múltiples campos de investigación como la teoría económica del Estado del bienestar, los sistemas de la seguridad social, las pensiones o la financiación de la sanidad y de la educación superior en el mundo. Precisamente, estos temas son la fuente de inspiración de la veintena de libros que nutren su carrera académica. Entre los más destacados se encuentran: The Economics of the Welfare State (Oxford University Press, 2012), reeditado cinco veces, y Reforming pensions: Principles and Policy Choices (Oxford University Press, 2008), coescrito con el Premio Nobel de Economía 2010, Peter Diamond.
Barr, sin embargo, también cuenta con una gran participación en el mundo político. Durante dos años (1990-1992) formó parte del Banco Mundial, trabajando en el diseño de las transferencias de ingresos y la financiación de la sanidad en la Europa Central y Oriental, y Rusia. Fue el autor principal del informe, World Development Report 1996: From Plan to Market. Por otra parte, entre 2008 y 2010 fue profesor invitado en el departamento de Asuntos Fiscales del FMI y miembro del Consejo de la Agenda Global sobre cambios demográficos y envejecimiento de la población del Foro Económico Mundial.
En cuanto a su tema predilecto, la reforma de las pensiones, Barr ha aconsejado a varios gobiernos, como el chino, en 2004, o más recientemente, el chileno, en 2015. También ha colaborado con el Reino Unido, Finlandia, Suecia, Polonia o Sudáfrica.

 

OBJETIVO: PROTEGER LA HUCHA PÚBLICA

Considerado por muchos el gran manual sobre pensiones, La reforma necesaria: el futuro de las pensiones (El Hombre del Tres, 2012) es obra de Nicholas Barr y Peter Diamond, otro experto de renombre que ganó el Premio Nobel de Economía en 2010. El libro, escrito originalmente en inglés, ha sido traducido al castellano y al chino, y analiza desde un punto de vista objetivo el por qué y el cómo de los sistemas de pensiones existentes, evaluando cada alternativa según sus ventajas e inconvenientes. Ahora bien, ambos economistas dejan muy claro que el sistema ideal no existe y que la única manera que tienen los gobiernos de salvaguardar nuestro futuro pasa por combinar medidas, pensar a largo plazo y aceptar los cambios demográficos que vienen.

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