Hace más de tres años que Europa lo arrastra y parecía que 2015 debía ser su año, pero la última reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea de 2014 fue un enésimo jarro de agua fría para el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Un impuesto conocido como Tasa Tobin -en referencia al impuesto sobre las transacciones con divisas que el economista James Tobin propuso en los años 70- que pretende frenar la especulación y hacer que la banca contribuya a los ingresos públicos grabando la compraventa de productos financieros, como bonos y acciones. «Moderará el comportamiento irresponsable de algunos operadores del mercado», había previsto la Comisión. Una irresponsabilidad del sistema financiero que fue la principal causa de la actual crisis y que, con todo, ha recibido miles y miles de millones en ayudas públicas desde 2008.
Texto: Raquel Correa. Bruselas
La política fiscal es una de las que las capitales europeas guardan con más celo y más cuando temen que un impuesto a la banca pueda provocar una fuga de capitales del país. Por ello, el barco de este nuevo impuesto no han subido los 28 Estados miembros, sino sólo 11 -entre los que se encuentran Alemania, España, Francia e Italia, pero no el euroescéptico Reino Unido, que siempre pretende proteger los intereses de la City, ni el pseudo paraíso fiscal Luxemburgo-, gracias a un procedimiento que, en el argot europeo, se conoce como cooperación reforzada y que permite a un grupo de Estados miembros adoptar leyes europeas que sólo se aplicarán en su territorio.
Falta de quórum
Según la propuesta original de Bruselas, la tasa debería gravar con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos, y con un 0,01% las de derivados. Si se grabaran todos los instrumentos financieros, la Comisión Europea calcula que se recaudarían entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año. Pero todo apunta a que la versión final de la tasa será poco más que una variante descafeinada de la propuesta inicial -y la recaudación final, una versión reducida de estas cifras-.
De entrada, porque el impuesto no grabará desde el principio todos los instrumentos sino que la aplicación será gradual: en una primera fase, se grabarán sólo las acciones cotizadas y, posteriormente, la tasa se podrá extender a otros productos como los derivados . Y este es el principal escollo que no se pudo salvar al último Ecofin: acordar cuáles derivados deberá grabar. Con todo este cúmulo de flecos pendientes sobre la mesa, ahora parece más difícil que nunca que durante este 2015 se limen todos los desacuerdos y la tasa se pueda empezar a aplicar el 1 de enero de 2016, tal como estaba previsto.
El impuesto se aplicará siguiendo el principio de emisión, es decir, que pague el impuesto que opere con acciones emitidas en los países afines a la tasa. Un hecho que beneficiaría a los estados grandes, que son los que tienen más compañías cotizadas, y perjudicaría a los pequeños, que recaudarán muy poco
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