El dinero en manos de los políticos está bajo sospecha. Se dirime la disyuntiva entre financiación pública y finanzas privadas, pero esto es una discusión secundaria. Lo realmente clave es si se suprimirán los gastos fútiles para las políticas públicas y se endurecerá la penalización de la corrupción.
Xavier Torrens. Profesor de Ciencia Política en la UB, politólogo y sociólogo.
El 95 por ciento de los ciudadanos españoles cree que hay corrupción en las instituciones. Las corruptelas tienen mucho que ver con el dinero público que está al alcance de los políticos. Es por ello que hay bastante gente que también cree que la clave se encuentra en plantear de forma diferente la financiación de los partidos políticos.
FINANCIACIÓN PÚBLICA O PRIVADA
Ahora bien, el problema no radica en la financiación propiamente dicha. Podemos ingeniarnos medidas interesantes e, incluso, imprescindibles, pero que ni mucho menos resuelven el problema. Ejemplifiquemos esto. Hay quien piensa en la alternativa siguiente: si en vez de haber financiación privada se restringiera todo exclusivamente a la financiación pública de los partidos políticos, tema resuelto. O bien otra opción: si la financiación privada existiese pero se limitara a cantidades económicas exiguas, esto llevaría a la erradicación de las fechorías y tema cerrado. O una tercera posibilidad: hacer que la financiación privada sólo fuera factible mientras no fuera anónima, así sería transparente con donantes con nombres y apellidos. Pues bien, todo esto puede ser bueno para la transparencia política y también para el funcionamiento orgánico de las formaciones políticas, pero no soluciona el problema de fondo, la corrupción. La cuestión crucial no es la disyuntiva entre la financiación pública o privada.
Nos tenemos que centrar en castigar fuertemente el uso indebido (no sólo la malversación sino también el despilfarro) del dinero público. La diatriba hacia la financiación de los partidos no es la prioridad, sería necesario que lo fuera la penalización judicial de las conductas cuestionables, que hasta ahora se libran
EL USO DEL DINERO PÚBLICO
Consideren si los casos de presunta corrupción que mencionaré a continuación se hubieran podido resolver restringiendo la financiación de los partidos. El PP dispone de tres tesoreros imputados, que abarcan casi todo el periodo democrático (1982-2009). En los ERE del PSOE de Andalucía se cometió fraude en la formación en la región con más paro del país, y en el caso Pretoria del PSC se defraudaron millones de euros en Santa Coloma de Gramenet y Badalona. El caso Millet, con el desfalco del Palau de la Música, afecta a Convergencia. El caso Pallerols, con la financiación a través de subvenciones de la Consejería de Trabajo, a Unió. El alcalde de la Seu d’Urgell y consejero de Gobernación de la Generalitat, Jordi Ausàs, de ERC, hacía contrabando de tabaco para ganarse un dinerito extra. El diputado de Ciudadanos Jordi Cañas participó en un entramado empresarial para defraudar a Hacienda y fue premiado con el cargo de asesor en el Parlamento Europeo. Podemos tiene fundadores que recibieron financiación de Venezuela e Irán mediante sociedades interpuestas y que regularizaron el dinero a toda prisa para no cometer fraude justo después de descubrirse públicamente. Y la diputada de la CUP Anna Gabriel tuvo el privilegio de subir al avión del presidente de Venezuela, costeado con dinero público proveniente de los ciudadanos venezolanos empobrecidos, y se beneició del embarque de vuelos privados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Todos estos ejemplos ilustran bien que el problema no está en cómo se financian los partidos, sino más bien en cómo usan las finanzas políticos de todos los colores. Esta es la clave. En algunos casos puede no haber lucro personal, pero sí hay una reprobable satisfacción personal con el dinero público. Por lo tanto, debemos centrarnos en castigar fuertemente el uso indebido (no sólo la malversación sino también el despilfarro) del dinero público. La diatriba hacia la financiación de los partidos no es la prioridad, sería necesario que lo fuera la penalización judicial de las conductas cuestionables, que hasta ahora se libran. La gente corriente tiene la sensación de que son mejores jueces los medios de comunicación que el propio sistema judicial, inoperante y parsimonioso.
MEDIDAS DE IMPACTO EFECTIVO
Las medidas que habría que implantar para evitar estas conductas son, entre otras: la supresión de los aforamientos; la inhabilitación como políticos y empleados públicos de los condenados; la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos; la prohibición de la condonación de la deuda a los partidos por parte de las entidades bancarias; la incompatibilidad total del escaño con cualquier ejercicio profesional (remunerado o no); la readmisión de personas despedidas por haberse negado a participar en irregularidades o por denunciarlas; el incentivo de la denuncia de irregularidades, y la supresión de los indultos a políticos.
Además, la eliminación de dietas y desplazamientos es esencial, pues son el gran agujero del gasto público hacia fines particulares. Con el sueldo es suficiente. Así, por ejemplo, se debería instaurar la obligatoriedad de viajar en clase turista. Otro ejemplo: si el político tuviera que pagarse la comida de su sueldo, a menudo tomaría el menú de 9,90€, mientras que si le pagan por dietas su comida nos cuesta 25, 50 o más euros; es la caja sin fondo que se come muchos fondos públicos. El caso paradigmático de esto es el de las tarjetas black de Bankia, que afecta a políticos y sindicalistas de todos los colores. También se deberían prohibir los regalos a políticos. Una medida altamente eficaz sería la aplicación de penas de prisión a partir de los dos años y un día; un tipo de agravante penal de todo tipo de faltas y delitos cuando quien lo comete es un político.
La corrupción no va ligada a la ideología sino que está impregnada en la cultura política española y depende del grado de poder institucional de cada partido político: cuantos más cargos de gobierno tiene una formación, más probabilidades de que esté implicada en casos de corrupción
PUERTAS GIRATORIAS
Otra de las medidas estrella sería la prohibición de las puertas giratorias (revolving door), aquel fenómeno por el que los políticos que salen de las instituciones entran en las empresas privadas que tuvieron relación con sus políticas públicas. Esto también afecta a políticos de todos los colores, desde el PP (José Mª Aznar en Endesa o Josep Piqué en Vueling) al PSOE (Felipe González en Gas Natural o Narcís Serra en Caixa Catalunya), pasando por CiU (Miquel Roca Junyent en Abertis), ERC (Jordi Portabella en La Caixa) e ICV (Imma Mayol y Francesc Baltasar en Agbar).
Esto demuestra que la corrupción no va ligada a la ideología sino que está impregnada en la cultura política española y depende del grado de poder institucional de cada partido político: cuantos más cargos de gobierno tiene una formación, más probabilidades de que esté implicada en casos de corrupción. Como mínimo tendría que pasar una década antes de que los ex políticos pudieran ocupar altos cargos en grandes empresas. Así se evitaría el amiguismo y el clientelismo que llevan a que los ciudadanos vean los partidos como verdaderas agencias de colocación millonarias. Cuando se implementen medidas con penalización y consecuencias, entonces la cultura política cambiará de verdad.
