Los graduados sociales son auténticos técnicos especializados en materia de relaciones laborales y recursos humanos que conocen de primera mano las carencias, fortalezas y retos del sistema socio laboral y empresarial español. Carlos Berruezo preside el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona y precisamente con él hemos hablado de los temas que tienen que ver con su profesión y que afectan, en mayor o menor medida, a toda la sociedad.
Texto: Berta Seijo
Fotos: Colegio de Graduados Sociales de Barcelona
En primer lugar, ¿qué papel juegan los graduados sociales en la gestión empresarial?
Los graduados sociales gestionan el 80% de la pequeña y mediana empresa y el 50% de los procedimientos laborales que se suscitan en los juzgados sociales está hecho por graduados sociales. No debemos olvidar la labor de asesoramiento y defensa de los derechos de profesionales autónomos y trabajadores en general, como tampoco la cantidad relevante de profesionales formados en Relaciones Laborales que trabajan dentro de grandes firmas jurídicas o departamentos de RR. HH. de grandes empresas.
¿Hoy en día las empresas se toman más en serio el tema de la prevención de riesgos laborales?
La mejora de los derechos de los trabajadores siempre ha ido muy ligada a las condiciones de trabajo de los mismos. La disminución de los índices de siniestralidad laboral de un país es un indicador directo de su escala de progreso y bienestar social. Buena parte de la imposición de los cambios reglamentarios en materia de riesgos laborales se acompaña de medidas de coerción para su cumplimiento, algunas de las cuales van más allá de las sanciones administrativas. La desprotección de un trabajador no puede salir nunca rentable.
«El índice de siniestralidad laboral muestra la escala de progreso y bienestar social de un país.»
¿El reciclaje permanente y especialización de los graduados sociales son dos aspectos cruciales ante las complejidades de las normas laborales y de la seguridad social que debéis hacer frente?
Todas las profesiones jurídicas requieren una permanente actualización que ni la revolución digital en la sociedad de la información es capaz de suplir. Es en este punto donde los colegios profesionales tenemos un papel fundamental, garantizando la formación continua de nuestros miembros para cubrir no sólo la literalidad de los cambios normativos, sino el fondo y las diversas interpretaciones que estos cambios suponen.
Con los cambios inminentes en la arena política, ¿qué le piden a una nueva reforma laboral?
La pasada reforma laboral de 2012 no fue perfecta: apareció en un momento muy complejo en el que las urgencias para generar empleo condicionaron su contenido, pero hacía falta una reforma. Hay que partir de la base de que una ley no crea empleo pero puede actuar como coadyuvante. Creo que cualquier cambio debe partir de un análisis extremadamente cuidadoso del cuerpo normativo actual, pero siempre bajo una óptica realista y constructiva. Necesitamos más diálogo, más consenso y alejarnos del corto plazo y de la búsqueda de la rentabilidad política.
¿Desde el Colegio cuál es su visión sobre la precariedad laboral que arrastramos?
La situación actual es también resultado de las múltiples oportunidades perdidas en las épocas de bonanza, como hubiera sido una mejora en la educación y la formación, favorecer la I+D+i, apostar por sectores productivos de alto valor añadido, etc. Sólo espero que los políticos, básicamente, hayan aprendido la lección. Por otra parte, hoy la creación de puestos de trabajo está condicionada, en buena parte, por los salarios bajos. Lo más probable es que las mejoras salariales sólo vayan vinculadas a mejoras en la competitividad. En las economías europeas más fuertes, la competitividad no está tan ligada al precio del trabajo, sino a la tecnología, la calidad y los procesos.
«El trabajo ilegal existe tanto con mano de obra extranjera como con española. Esta responsabilidad corresponde a los empresarios y a las administraciones. El trabajador es una víctima por falta de opciones.»
La regularización laboral de trabajadores extranjeros es una de las atribuciones que ejercen los graduados sociales. ¿Hablamos de un fenómeno más frecuente en la actualidad o antes de la crisis?
Estos últimos años, con la crisis, la presión de la inmigración ha disminuido aunque el goteo es continuo, especialmente en el caso de España, como país fronterizo de la Unión Europea. De todos modos, el trabajo ilegal existe tanto con trabajadores extranjeros como con españoles. Esta responsabilidad corresponde a los empresarios que contratan en estas condiciones y a las administraciones, que tienen que invertir el máximo número de medios para evitarlo. En estos casos, el trabajador es una víctima por falta de opciones.
¿Cuál es la actuación del Colegio en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres en los cargos de mayor responsabilidad?
En el Colegio el número total de graduadas sociales corresponde al 43% de los profesionales en activo. Hay que reflexionar, pero, sobre qué posición ocupan estas mujeres dentro de los despachos profesionales. Y es que del 52% de mujeres responsables de administrar justicia que hay en España, sólo el 13% son miembros del Tribunal Supremo. Una cifra ridícula que pone de manifiesto que hay barreras muy resistentes. La desigualdad de oportunidades, la brecha salarial o las pocas opciones a la hora de conciliar, continúan lastrando el futuro profesional de muchas mujeres. Queda mucho trabajo por hacer y uno de mis compromisos es incidir, desde la presidencia del Colegio, en este tema a fondo, favoreciendo actitudes y actividades que apoderen a las profesionales. Debemos apostar por una sociedad capaz de tomar decisiones en base a los méritos alcanzados y en la cual el género sea irrelevante.
¿Cuáles son los retos de la profesión de cara al futuro?
En un mundo tan cambiante, uno de nuestros grandes retos como Colegio es acompañar a trabajadores y empresas en todos los aspectos que se derivan de la digitalización de la sociedad y sus afectaciones en el ámbito laboral. Por un lado, debemos ser capaces de ayudar a los compañeros a prestar servicio como graduados sociales, en estos nuevos entornos, de forma competitiva y eficiente. Por el otro, tenemos que ser capaces, como profesionales y como colectivo, de incidir y participar positivamente en las nuevas formas de empleo que están surgiendo en torno a esta nueva sociedad: el trabajo colaborativo, el intercambio, la desaparición de las barreras físicas en la prestación de muchos trabajos, los nuevos servicios profesionales que se derivan de plataformas como Uber o Glover, etc. En este campo, debemos proteger los derechos de los ciudadanos en dos sentidos: que puedan participar de estas nuevas formas de economía y de relaciones económico laborales, y también evitar que éstas escondan situaciones de abuso y desprotección.
«Del 52% de mujeres responsables de administrar justicia que hay en España, sólo el 13% son miembros del Tribunal Supremo. Una cifra ridícula que pone de manifiesto que hay barreras muy resistentes.»
