El entorno político ha sido considerado tradicionalmente como fuente de amenazas ante el temor de acciones como expropiaciones o nacionalizaciones con el fin de apropiarse de las rentas económicas generadas por la empresa. Medidas más sutiles, como modificaciones unilaterales de condiciones pactadas, resultan también claramente perjudiciales. Pero no siempre es así.
ALFREDO JIMÉNEZ. Profesor de KEDGE Business School.
Diversos estudios han demostrado que las empresas tienden a evitar invertir en aquellas localizaciones con elevados de riesgo político debido a un posible comportamiento oportunista gubernamental, especialmente en el caso de empresas extranjeras que en ocasiones son utilizadas como «chivos expiatorios» de los problemas del país. Sin embargo, recientemente comienza a difundirse la perspectiva de que el entorno político puede representar también una fuente de oportunidades potenciales.
En concreto, aquellas empresas capaces de crear y desarrollar capacidades políticas pueden verse beneficiadas a la hora de obtener una posición y condiciones preferenciales en el mercado, como consecuencia de su mejor capacidad para evaluar el riesgo, negociar, litigar, identificar las contribuciones políticas más influyentes y formar coaliciones políticas.
Incluso, aunque con una moralidad claramente discutible, las empresas pueden desarrollar una habilidad especial a la hora de poner en práctica estrategias de lobbying o aprovecharse de la corrupción. Estas capacidades políticas han sido fundamentales en diversos sectores tales como el eléctrico en Estados Unidos o el de transporte aéreo en Europa.
El entorno político y el propio mercado de la empresa se encuentran inextricablemente unidos, de modo que resulta fundamental que las empresas favorezcan su ambidiestralidad como posible fuente de ventaja competitiva, es decir, que sean capaces de gestionar las influencias e interrelaciones entre ambos de manera beneficiosa.
