Valentín Pich preside desde el año 2008 el Consejo General de Economistas, organismo que agrupa, coordina y representa a los 33 colegios de economistas de España y a los 55.000 profesionales que los integran. En esta entrevista, aprovechamos su visión como experto en la materia y su contacto permanente con la actualidad económica del país para ahondar en aspectos como las previsiones de crecimiento para este año, los retos y debilidades de nuestro tejido empresarial o la transformación del mercado laboral.
Texto: Berta Seijo
Fotos: Consejo General de Economistas
Los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 parten de una previsión más bien optimista: un incremento de casi el 8% de los ingresos fiscales, un crecimiento del PIB del 2,8% y un aumento en la creación de empleo y, por consiguiente, de las cotizaciones. ¿El pronóstico que hacen desde el Consejo General de Economistas para este ejercicio es igual de positivo?
Creo que el crecimiento se está comportando bien y si no llega al 2,8%, es probable que se quede muy cerca, aunque habrá que esperar al segundo semestre para confirmarlo. Siempre y cuando se despejen las incertidumbres políticas internacionales, es posible, incluso, que sea más alto, tal como pronostican diferentes organismos.
¿En qué lugar quedan la deuda pública (que continúa estando muy cerca del 100% del PIB) y el déficit de la Seguridad Social?
En cuanto a nuestra deuda pública, si bien es similar a la de países próximos como Francia y mucho menor que la de otros como Portugal o Italia, no cabe duda de que es muy elevada y que los intereses que abonamos representan una importante merma en nuestros presupuestos. Además, debemos tener en cuenta que nos quedan muchas reformas por acometer, sobre todo en lo referente al gasto del sector público, que no debería superar el 40% del PIB.
Respecto al déficit de la Seguridad Social, estamos ante un escenario muy poco alentador. Para empezar, tenemos una tasa de natalidad, que en algunas zonas del país, se sitúa por debajo de la mortalidad. Con lo cual, si tenemos en cuenta la explosión demográfica de los años 70, en el plazo de 15 años nos vamos a encontrar con una población muy envejecida de beneficiarios de prestaciones sociales, y en el lado opuesto, con muy pocos cotizantes.
El segundo problema es el de la tardanza de los jóvenes en la incorporación al mercado de trabajo, lo que supone un doble inconveniente: su retraso como cotizantes en el sistema y que estén recortando sus años de cotización. Asimismo, hay que tener en cuenta que el aumento de la esperanza de vida de la población española puede suponer un importante quebranto en el sistema, de tal forma que hasta hace muy poco la cotización de un trabajador cubría las prestaciones de tres pensionistas, y, en la actualidad, la realidad nos demuestra que un cotizante financia poco más de un pensionista y medio, es decir, casi la mitad.
«El peso de la industria sólo alcanza un 16,4% del PIB y, como mínimo, deberíamos llegar al 20% en 2020.»
Son los primeros presupuestos que Mariano Rajoy presenta en minoría y, por el momento, no tiene los apoyos suficientes. Aunque este no es el único motivo de discordia entre partidos…
Es lógico que entre los diferentes partidos haya diversidad de opiniones y pareceres. Precisamente, garantizar la estabilidad del país depende de su capacidad para alcanzar acuerdos. De hecho, a lo largo de los años, hemos visto cómo nuestros políticos, en muchas ocasiones, han actuado con sentido de Estado llegando a importantes pactos. Si ahora son capaces de actuar de acuerdo con este criterio, no tendría por qué haber problemas.
Otro tema en el que hay disparidad de opiniones es el de los 79 impuestos propios con los que cuentan las comunidades autónomas. Usted mismo ha llegado a denunciar que, en algunos casos, la recaudación obtenida del tributo no llega a cubrir su coste legislativo. ¿Cómo es eso posible? ¿Y qué solución proponen desde el Consejo?
Aunque, efectivamente, la recaudación de los tributos propios dentro del sistema tributario es muy pequeña, algunos de estos gravámenes buscan objetivos no solamente recaudatorios, como ocurre en el caso de los medioambientales. La solución que nosotros apuntamos es homogeneizar los tributos propios que gravan los principales hechos imponibles y dejar capacidad normativa a las comunidades autónomas sobre algún elemento que cuantifique la cuota final.
Desde el Consejo también abogan por la homogeneización de otro tributo polémico cedido a los gobiernos autonómicos: el de sucesiones y donaciones. ¿Qué ventajas traería consigo esta medida?
Conllevaría una disminución de las desigualdades de tributación por razón de territorio, que lastra la equidad horizontal, y disminuiría las tentaciones de traslado de domicilio por razones impositivas.
¿Y qué me dice del Impuesto de Patrimonio? ¿Por qué creen que sería conveniente eliminarlo?
Aunque añade progresividad al sistema, prácticamente no forma parte de ningún sistema tributario de los países de nuestro entorno. Además, la tributación de la riqueza se puede conseguir a través del IRPF, haciendo tributar a rentas estimadas, y con otros tributos como puede ser el IBI.
Sobre la aplicación de una renta básica universal: “Es lógico que este debate haya surgido en plena crisis, pero tomar decisiones de tal calado en función de los ciclos económicos suele traer consecuencias y, por eso, no conviene actuar precipitadamente.”
Hablando de cómo mejorar el sistema, ¿cuál diría que es principal problema de nuestro tejido empresarial?
El problema de nuestras empresas es su tamaño: sólo el 0,12% de las mismas posee 250 o más trabajadores. En otras palabras: casi la totalidad del tejido empresarial español, el 99,88%, lo componen las pymes, el 40% de las cuales son micropymes con menos de nueve trabajadores. Además, el peso de nuestra industria sólo alcanza un 16,4% del PIB y, como mínimo, deberíamos llegar al 20%, objetivo que nos hemos marcado para el año 2020 pero que no será fácil de cumplir.
¿Qué actuaciones deberían abordarse desde las Administraciones públicas para impulsar la actividad empresarial y emprendedora del país?
Para alcanzar esta meta, deberíamos mejorar la competitividad, estimular la demanda de bienes industriales, asegurar un suministro energético estable y, sobre todo, reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio.
“El crecimiento del PIB español se está comportando bien: si no llega al 2,8%, es probable que se quede muy cerca. Si se despejan las incertidumbres políticas internacionales, puede ser, incluso, más alto.”
Por último, parece que vamos hacia unas sociedades del conocimiento cada vez más tecnificadas y robotizadas. Ahora bien, ¿la automatización destruye puestos de trabajo?
Como señalan la mayoría de analistas, muchos de los oficios, tal como hoy los conocemos, irán desapareciendo paulatinamente en los próximos años, pero también aparecerán otros nuevos, sobre todo en el sector servicios. No cabe duda del auge de las start-ups, pero no hay que olvidar que el grueso del tejido empresarial sigue estando formado por compañías tradicionales, que son las que continúan generando más empleo. Además, hay un resurgimiento de algunas actividades que parecían en desuso pero que –mediante la aportación de una mayor calidad y la introducción de elementos diferenciadores– están incrementando notablemente su mercado. No olvidemos que, contra todo pronóstico y pese a la mecanización, en la revolución industrial aumentó el número de puestos de trabajo. No es fácil aventurar, por tanto, lo que nos deparará el futuro, pero creo que no deberíamos ser alarmistas.
Entonces, ¿cree que es pronto para empezar a hablar sobre la renta básica universal o soluciones similares?
Es lógico que esta cuestión haya surgido en plena crisis, en un entorno de incertidumbre económica, con consecuencias desastrosas para muchas familias. Pero tomar decisiones de este calado en función de los ciclos económicos suele traer consecuencias y, por eso, no conviene actuar precipitadamente. Debemos enmarcar el debate dentro de un profundo estudio macroeconómico, que tenga en consideración aspectos tales como la demografía, la evolución del mercado del trabajo o los recursos que se requieren para el sostenimiento de los servicios fundamentales del Estado de bienestar.
