La corrupción es un problema grave que afecta en diferentes grados a todos los países. Sólo en los estados de la Unión Europea, se cifra su coste en 120 billones de euros anuales. En España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia estimaba en 48.000 millones anuales el sobrecoste de la contratación pública debido a corrupción y falta de competencia.
DANIEL FAURA LLIMÓS. Presidente de ACCID.
Para evitar la corrupción, lo mejor es prevenirla, y en esto los países reaccionan con distintos grados de tolerancia y anticipación. Un reciente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) destaca que España no ha cumplido ninguna de las 11 medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción.
La concentración más alta de riesgos de malas prácticas y de corrupción se encuentra en la contratación de obras y servicios, tanto por el gran volumen de transacciones y los enormes recursos financieros que gestionan estos contratos -en torno al 20% del PIB en España- como por la complejidad de los procesos.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que adopta normativa europea, introduce cambios importantes, como la restricción de procedimientos negociados, la exigencia de la publicación de informes que justifiquen las decisiones tomadas o la creación de una oficina independiente de Regulación y Supervisión.
En trámite parlamentario se encuentra la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. La función de los alertadores o denunciantes es un elemento clave en la lucha contra la corrupción. Para ello se ha creado “Digiwhist”, un programa de análisis de big data impulsado por seis organizaciones europeas, lideradas por la Universidad de Cambridge, que revela riesgos de corrupción en los contratos públicos de 35 países.
Erradicar los devastadores perjuicios económicos y sociales que genera la corrupción va a requerir medidas que van del fomento de buenas prácticas al estricto cumplimiento de la normativa en vigor, la mejora de la eficiencia de los controles, o la exigencia de protección de canales de denuncia, y el estímulo de una vigilancia social activa y participativa.
