El sistema de pensiones supone un eje vertebrador de nuestro modelo social: es la principal renta disponible para millones de ciudadanos ante contingencias como la jubilación y la vejez; su presupuesto equivale a más de un tercio del gasto total del Estado. Abordamos una materia que define sociedad y tiene los retos permanentes de reforzar su legitimidad social, por un lado, y garantizar su financiación suficiente, por el otro.
unai sordo calvo. Secretario general de CC OO
La legitimidad dependerá en parte de la confianza en que las personas podamos acceder a prestaciones similares a las que contribuimos a financiar. La suficiencia económica, de la cantidad de recursos que como país decidamos democráticamente destinar, a través de decisiones políticas.
Hay que afrontar el debate con realismo. El gasto en pensiones se va a incrementar en las próximas décadas de forma notable. Más pensionistas, percibirán pensiones más altas, y, previsiblemente, las cobrarán durante más tiempo.
CC OO plantea actuaciones en varias líneas:
1- Derogación de la reforma de pensiones de 2013, que deja de garantizar su poder adquisitivo y asume, como única alternativa al aumento de la esperanza de vida, la reducción de las pensiones futuras hasta niveles medios un 40% inferiores a los actuales a mediados del siglo.
2- Corrección de la actual situación de desequilibrio entre ingresos y gasto en prestaciones contributivas. Para ello, hay que actuar sobre el conjunto de parámetros que inciden sobre las pensiones: ingresos, gastos y comportamientos estratégicos de planificación personal en materia de cotización.
La legitimidad dependerá en parte de la confianza en que las personas podamos acceder a prestaciones similares a la que contribuimos a financiar. La suficiencia económica, de la cantidad de recursos que como país decidamos democráticamente destinar, a través de decisiones políticas
Contamos con relevantes partidas de gasto que gravan al sistema de Seguridad Social, como la gestión de la Seguridad Social o la reducción de cotizaciones.
Hay situaciones que permiten que en torno a 5 millones de personas (sobre 18,9 millones) no coticen por sus ingresos reales, generando una situación de diferencia de trato injustificada con el resto de cotizantes, muy especialmente el grueso por cuenta ajena.
Se deben reforzar de manera notable los ingresos de la Seguridad Social, tanto los procedentes de las cotizaciones y el mercado de trabajo como los de origen presupuestario.
El camino más seguro y deseable es el más amplio acuerdo político y social en torno al Pacto de Toledo y el Diálogo Social.
