Sostener las pensiones en el presente y futuro exige dos cuestiones prioritarias y estrechamente vinculadas: restablecer inmediatamente el equilibrio financiero de la Seguridad Social; y derogar la Reforma de Pensiones de 2013 por injustificada y lesiva.
Pepe Álvarez Suárez. Secretario general de la UGT
El desequilibrio de la Seguridad Social ha sido causado por la crisis, pero también por la destrucción de empleo, la devaluación salarial y la precariedad del empleo derivadas de la reforma laboral de 2012. Eliminar este primer factor de riesgo es imprescindible porque, mientras esté ahí, la Seguridad Social no podrá tener tranquilidad. Al menor atisbo de crisis, volverán a producirse millones de despidos y una devaluación salarial generalizada hundirá los ingresos de la Seguridad Social.
Es evidente, como ya hemos manifestado, que es imprescindible recuperar el equilibrio de la Seguridad Social, y para ello debemos aplicar una máxima muy clara: “que la Seguridad Social cobre lo que debe y no pague lo que no debe”. Las cotizaciones sociales deben destinarse a pagar las prestaciones contributivas. No tiene sentido que la Seguridad Social tenga excedente de cotizaciones en el sistema de prestaciones por desempleo y que, con ello, el Estado esté indebidamente pagando los subsidios asistenciales y las políticas activas de empleo, mientras que las cotizaciones no llegan en el sistema de pensiones. Menos falsos créditos a la Seguridad Social que la dejan injustificadamente endeudada, mientras se usa el dinero de las cotizaciones para pagar gastos del Estado. La cantidad que cada año debería quedarse en las arcas de la Seguridad Social supera los 8.700 millones, una cifra que no nos podemos permitir.
Es el Estado (y no los pensionistas) quien debe pagar el sostenimiento de la Administración de la Seguridad Social. Las cotizaciones deben ser para pagar prestaciones
Además, es el Estado (y no los pensionistas) quien debe pagar el sostenimiento de la Administración de la Seguridad Social. Las cotizaciones deben ser para pagar prestaciones. Los gastos de personal y funcionamiento de la Seguridad Social han de ser a cargo del Estado (como en todos los ministerios). Supone una cantidad de 4.000 millones de euros al año.
Y las políticas de subvenciones a la contratación no deben ser pagadas por las cotizaciones porque son responsabilidad del Estado y suponen más de 2.000 millones anuales.
Por último, las subvenciones decididas por el Estado en la cotización o las prestaciones para determinados grupos y colectivos deben ser también pagadas por el Estado. No con cotizaciones cuando se dice que estas no son suficientes y que hay que recortar las pensiones. Suponen otros 1.000 millones al año.
En conjunto son (según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF) 16.500 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social habría desaparecido si las cuentas se echan bien. Si cada uno paga lo que le corresponde y cada parte ingresa lo que tiene derecho.
Y falta una última medida para asegurar todavía más el equilibrio de la Seguridad Social: elevar los topes de cotización para que las empresas no paguen menos por los que más ganan. Que se haga con un plazo, progresivamente, pero que se haga.
Derogar la reforma del PP
La reforma de pensiones de 2013 se hizo para recortar de forma paulatina y creciente las pensiones. Como un medio para que, a medida que aumente el número de pensionistas, como consecuencia de la jubilación entre 2025 y 2045 de la generación del baby boom, se recortaran proporcionalmente todas las pensiones.
Las dos vías para hacerlo son mediante el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), para que las pensiones no suban más que el 0,25% cada año (y que en 20 años de vida del pensionista su pensión real cayera entre el 30 y el 40%). Y mediante el Factor de Sostenibilidad (FS), que es un coeficiente que reduce la pensión de los nuevos pensionistas en proporción al aumento progresivo de la esperanza de vida, un factor increíblemente inequitativo e injusto. Los menos favorecidos, cuya esperanza de vida es menor, verían recortada su pensión más de lo que les correspondería, en tanto que los más favorecidos resultarían beneficiados a costa de los anteriores.
Este es el planteamiento regresivo y antisocial de la reforma de 2013 y, por esta razón, desde UGT venimos defendiendo la necesidad de derogarlo, por innecesario e injusto. Según los cálculos de la AIREF, contando con el incremento del número de pensionistas y garantizando el poder adquisitivo (IPC en lugar del IRP), nuestro nivel de gasto futuro en pensiones sería, en relación al PIB, inferior al de 11 países de la UE.
Creo, sinceramente, que las razones explicadas, así como todo lo que los pensionistas y las pensionistas han vivido los últimos años (y siguen viviendo muchas familias), son argumentos más que suficientes para que el Gobierno, de urgencia, haga una reforma a favor de los pensionistas presentes y futuros.
Sostener las pensiones en el presente y futuro exige dos cuestiones prioritarias y estrechamente vinculadas: restablecer inmediatamente el equilibrio financiero de la Seguridad Social; y derogar la Reforma de Pensiones de 2013 por injustificada y lesiva.
Pepe Álvarez Suárez. Secretario general de la UGT
El desequilibrio de la Seguridad Social ha sido causado por la crisis, pero también por la destrucción de empleo, la devaluación salarial y la precariedad del empleo derivadas de la reforma laboral de 2012. Eliminar este primer factor de riesgo es imprescindible porque, mientras esté ahí, la Seguridad Social no podrá tener tranquilidad. Al menor atisbo de crisis, volverán a producirse millones de despidos y una devaluación salarial generalizada hundirá los ingresos de la Seguridad Social.
Es evidente, como ya hemos manifestado, que es imprescindible recuperar el equilibrio de la Seguridad Social, y para ello debemos aplicar una máxima muy clara: “que la Seguridad Social cobre lo que debe y no pague lo que no debe”. Las cotizaciones sociales deben destinarse a pagar las prestaciones contributivas. No tiene sentido que la Seguridad Social tenga excedente de cotizaciones en el sistema de prestaciones por desempleo y que, con ello, el Estado esté indebidamente pagando los subsidios asistenciales y las políticas activas de empleo, mientras que las cotizaciones no llegan en el sistema de pensiones. Menos falsos créditos a la Seguridad Social que la dejan injustificadamente endeudada, mientras se usa el dinero de las cotizaciones para pagar gastos del Estado. La cantidad que cada año debería quedarse en las arcas de la Seguridad Social supera los 8.700 millones, una cifra que no nos podemos permitir.
Además, es el Estado (y no los pensionistas) quien debe pagar el sostenimiento de la Administración de la Seguridad Social. Las cotizaciones deben ser para pagar prestaciones. Los gastos de personal y funcionamiento de la Seguridad Social han de ser a cargo del Estado (como en todos los ministerios). Supone una cantidad de 4.000 millones de euros al año.
Y las políticas de subvenciones a la contratación no deben ser pagadas por las cotizaciones porque son responsabilidad del Estado y suponen más de 2.000 millones anuales.
Por último, las subvenciones decididas por el Estado en la cotización o las prestaciones para determinados grupos y colectivos deben ser también pagadas por el Estado. No con cotizaciones cuando se dice que estas no son suficientes y que hay que recortar las pensiones. Suponen otros 1.000 millones al año.
En conjunto son (según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF) 16.500 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social habría desaparecido si las cuentas se echan bien. Si cada uno paga lo que le corresponde y cada parte ingresa lo que tiene derecho.
Y falta una última medida para asegurar todavía más el equilibrio de la Seguridad Social: elevar los topes de cotización para que las empresas no paguen menos por los que más ganan. Que se haga con un plazo, progresivamente, pero que se haga.
Derogar la reforma del PP
La reforma de pensiones de 2013 se hizo para recortar de forma paulatina y creciente las pensiones. Como un medio para que, a medida que aumente el número de pensionistas, como consecuencia de la jubilación entre 2025 y 2045 de la generación del baby boom, se recortaran proporcionalmente todas las pensiones.
Las dos vías para hacerlo son mediante el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), para que las pensiones no suban más que el 0,25% cada año (y que en 20 años de vida del pensionista su pensión real cayera entre el 30 y el 40%). Y mediante el Factor de Sostenibilidad (FS), que es un coeficiente que reduce la pensión de los nuevos pensionistas en proporción al aumento progresivo de la esperanza de vida, un factor increíblemente inequitativo e injusto. Los menos favorecidos, cuya esperanza de vida es menor, verían recortada su pensión más de lo que les correspondería, en tanto que los más favorecidos resultarían beneficiados a costa de los anteriores.
Este es el planteamiento regresivo y antisocial de la reforma de 2013 y, por esta razón, desde UGT venimos defendiendo la necesidad de derogarlo, por innecesario e injusto. Según los cálculos de la AIREF, contando con el incremento del número de pensionistas y garantizando el poder adquisitivo (IPC en lugar del IRP), nuestro nivel de gasto futuro en pensiones sería, en relación al PIB, inferior al de 11 países de la UE.
Creo, sinceramente, que las razones explicadas, así como todo lo que los pensionistas y las pensionistas han vivido los últimos años (y siguen viviendo muchas familias), son argumentos más que suficientes para que el Gobierno, de urgencia, haga una reforma a favor de los pensionistas presentes y futuros.
