Ernesto Ignacio Gómez Taragona. Decano-presidente del Colegio de Economistas de La Rioja.
La fórmula más sencilla de medir el endeudamiento público es tomar el dato de deuda total en euros de las administraciones públicas. Sin embargo, el importe total de la deuda no aporta mucha información a efectos comparativos. Es por ello que el principal indicador consiste en calcular el porcentaje de deuda sobre el PIB. Así, en junio de 2016 el sector público español cerró el año con una ratio del 100,5% de deuda sobre el PIB (1.106,69 miles de millones de euros), unos 65 puntos por encima del mínimo alcanzado en marzo de 2008.
No obstante, durante los últimos años la Autoridad de responsabilidad fiscal (AIReF) ha introducido un nuevo indicador para hacer más tangibles las actuales cifras de deuda de las Comunidades Autónomas. Dicho valor consiste en calcular los días de trabajo necesarios por cada habitante de la comunidad para hacer frente al pago de la deuda, diferenciando por un lado la deuda de la propia comunidad; y por otro la parte de la deuda atribuible del total de la deuda común del Estado, en base a la población relativa de cada territorio. De esta forma se tiene un elemento de comparación con la capacidad de pagar la deuda por parte de los ciudadanos de ese territorio.
En cuanto a las características de la deuda pública, es importante destacar tres: en primer lugar, el rating, que es la calificación de la calidad de la deuda en función de las expectativas generadas para su devolución. Las principales agencias de calificación son Moody’s, Fitch y Standar and Poors. En segundo lugar, el coste financiero de la misma: tipo implícito de interés, así como su porcentaje sobre el PIB. Finalmente, es importante conocer en el caso de las Comunidades Autónomas el porcentaje de deuda que se corresponde a financiación del fondo de liquidez autonómica (FLA) y resto de mecanismos extraordinarios (FFF, etc). Este último dato es relevante porque se trata de préstamos del Gobierno a las Comunidades Autónomas, cuyas condiciones de devolución podrían variar en función del futuro final de su financiación.
