Las arcas públicas del Estado español podrían dejar de recaudar hasta 182.000 millones de euros este 2020 en un clima de posibles cambios en la política fiscal para hacer frente a una desigualdad creciente.
El hundimiento del Impuesto de Sociedades ya estancó el ritmo recaudatorio en 2019, pero los economistas piden cautela a la hora de crear nuevos impuestos
Texto: Adrià Gratacós Torras
La política fiscal ha sido históricamente una de las puntas de lanza de la discrepancia en la esfera política de los últimos años. Al ser la encargada de determinar los impuestos y, consecuentemente, la forma de recaudar los recursos necesarios para hacer frente al gasto público, la política fiscal se convierte en una de las patas esenciales de cualquier Estado. En el caso de España, el sistema fiscal se caracteriza por una alta frecuencia de cambios normativos y una alta complejidad de tributos, divididos entre la administración del Estado, las Comunidades Autónomas y Forales y los municipios. Esta complejidad provoca que, según el profesor de economía José María Durán-Cabré, la política fiscal española genere, a menudo, “problemas de seguridad jurídica”.
Y ante los estragos económicos generados por la pandemia de la Covid-19, la política fiscal ha vuelto a convertirse en el centro del huracán del debate político. La principal consecuencia que supondrá la pandemia para las arcas públicas de las administraciones españolas será una pérdida de la recaudación sin precedentes. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, la Covid-19 creará un hoyo de miles de millones de euros en los fondos públicos. En concreto,, el REAF calcula que las administraciones del Estado dejarán de recaudar más de 182.000 millones de euros este 2020. Una cifra que supone un 12% del PIB. Además, los economistas alertan que el impacto podría ser todavía peor.
La pérdida de recaudación comportará un aumento de la deuda pública, que los economistas prevén que podría llegar al 125% del PIB. Una cifra de endeudamiento jamás vista en España y que ha hecho encender todas las alarmas en el gobierno español. Para combatir un nivel de endeudamiento casi imposible, y a la espera de las ayudas del Plan de Recuperación europeo, el ejecutivo español ya trabaja en “un nuevo marco fiscal” complejo de elaborar.
“Las administraciones del Estado dejarán de recaudar más de 182.000 milllones de euros este 2020”
Una “jungla” fiscal que imposibilita la armonización de los impuestos
Pero el principal tropiezo de cualquier reforma de la política fiscal en España recae en la “jungla” impositiva creada entre la administración central y las Comunidades Autónomas. El informe “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020” elaborado por el Consejo General de Economistas dibuja un escenario de “jungla” fiscal. El informe detecta hasta 70 impuestos propios elaborados por las Comunidades Autónomas y muchos de ellos “aportan una recaudación mínima”. Además, la composición de los impuestos estatales genera situaciones de dumping fiscal, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid. Según Agustín Santiago Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) el sistema tributario español es amplio y complejo, derivado de una capacidad normativa a diferentes niveles. “Esto provoca que, en ocasiones, el coste, no solo corresponda al pago de impuestos, sino que haya también un coste en la gestión de los impuestos que afectan”, asegura Fernández.
El efecto de capitalidad en empresas de la ciudad madrileña supone que la Comunidad de Madrid recaude cerca de 9.000 millones de euros del impuesto de sociedades, lo que supone más de una tercera parte del total del Estado. También en el caso del IRPF, Madrid recauda más de 33.000 millones de euros. Una cifra que prácticamente duplica la de Catalunya (17.000 millones) y es cinco veces superior a la de Andalucía (6.000 millones). Esto genera un incremento de la recaudación por parte de la Comunidad de Madrid que le permite, por ejemplo, bonificar prácticamente al 100% el impuesto de patrimonio.
Preocupación por una recaudación tributaria ineficiente
El Estado español cerró 2019 con una recaudación tributaria de 212.808 millones de euros, según el informe anual de la Agencia Tributaria. La cifra suponía un pequeño aumento del 2% respecto a 2018, pero también representaba el peor incremento desde 2013. Y este frenazo en el crecimiento recaudatorio se explica principalmente por el hundimiento en los ingresos del Impuesto de Sociedades. De hecho, la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha desplomado un 47% en los últimos 12 años, una tendencia que ha supuesto una pérdida recaudatoria de más de 20.000 millones de euros. Así pues, si el Impuesto de Sociedades llegó a recaudar 72.614 millones de euros en 2007, el año pasado recaudó tan solo 23.733 millones. Unos valores que, a pesar de ser algo superior a los mínimos de 2014, denotan una clara tendencia a la baja en los últimos años.
En cambio, el resto de grandes impuestos, como el IRPF o el IVA han vivido incrementos substanciales en los últimos 12 años. Así, el impuesto sobre la renda ha aumentado cerca de un 20% desde 2007 hasta 2019. En 2019 el Estado llegó a recaudar cerca de 87.000 millones de euros por este impuesto. Se trata de la cifra más alta que se haya registrado nunca por el IRPF. En el caso del IVA, debido a los incrementos aprobados en 2012, también se identifica un incremento significativo. De hecho, los ingresos del Estado en el Impuesto sobre Valor Añadido se han incrementado un 28% en los últimos años.
La política fiscal actual no permite reducir las desigualdades
Y ante las variaciones en la recaudación que se pueden vivir en 2020, el debate político gira entorno a la presión fiscal existente en España. Agustín Fernández pide ir con cautela ante una eventual subida de los impuestos: “Los datos de recaudación nos muestran que el contribuyente de rentas medias es el colectivo que más aporta al conjunto del impuesto de personas físicas”, alerta Fernández.
En todo caso, en comparación con Europa, los ingresos del Estado español a través de los impuestos suponían el 35,4% el PIB en 2018, según datos de Eurostat. Este porcentaje supone 5 puntos menos que la media de la Unión Europea (40,3%) y 6,3 puntos respecto a la Zona Euro (41,7%). Según los datos del informe Taxation Trends in Europe 2019, elaborado por la Comisión Europea, la brecha en presión fiscal entre España y la Unión Europea se debe principalmente a las deducciones en salarios bajos y a los pocos ingresos de los Impuesto de Sociedades. En cambio, la presión es similar en el impuesto sobre la renta de salarios medios es parecida a la mediana europea.
Sin embargo, las presiones para una nueva política fiscal, no solo van encaminadas a la recaudación y a la presión para personas y empresas, sino que también se originan en la lucha contrala pobreza. Así, un informe de Oxfam Intermón alerta que la Covid-19 producirá 700.000 nuevos pobres en España. Y es por eso que la ONG reclama medidas fiscales extraordinarias y estructurales para incrementar los servicios sociales. Oxfam Intermón recuerda que la presión fiscal en España no se puede considerar alta, por el simple hecho de ser de las más bajas de Europa. Por eso, la ONG plantea una política fiscal justa que permita aumentar los ingresos en 10.000 millones. Y entre las propuestas planteadas, se encuentra un impuesto temporal sobre beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras, reformar el impuesto de patrimonio y aumentar la presión fiscal en las rentas de capital del IRPF.
Los ingresos del Estado español a través de los impuestos suponían el 35,4% del PIB al 2018, según datos de Eurostat. Este porcentaje supone 5 puntos menos que la media de la Unión Europea (40,3%).
El patrimonio, en el ojo del huracán
Ante la necesidad de aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, el gobierno español se empieza a plantear la aprobación de nuevos tributos. Entre ellos, destaca un eventual impuesto a grandes fortunas que substituyera el actual impuesto de patrimonio. Los cálculos de los partidos que conforman el gobierno prevén que el impuesto podría recaudar hasta 11.000 millones de euros. Una cifra que multiplicaría por 10 la recaudada por el actual impuesto de patrimonio. En este sentido, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Agustín Santiago Fernández, vuelve a pedir cautela a la hora de crear nuevos impuestos. “No hay duda que la situación del Estado español requiere de ingresos que permitan cubrir el déficit presupuestario, pero no a cualquier precio”, asegura. En este sentido, Fernández admite que el tributo podría equiparar la presión fiscal de España con la media europea, pero alerta que, tal y como se ha presentado el impuesto, sería inédito en Europa. “Actualmente no existe en la UE ningún otro país con un impuesto configurado de la manera que se pretende establecer en España”, concluye.
Un estudio publicado por la Universidad Complutense asegura que el 68% de la desigualdad en España es provocada por la herencia
Y para añadir todavía más presión, un estudio publicado esta misma semana por la Universidad Complutense asegura que el 68% de la desigualdad en España es provocada por la herencia. Un porcentaje que todavía se eleva más, hasta el 76%, si se considera la riqueza heredada no financiera. El informe también lamenta la ineficiencia del impuesto de sucesiones para revertir este enquistamiento de la desigualdad. Y para hacerle frente, Fernández apuesta por figuras impositivas, pero que no sean tan agresivas como la propuesta del impuesto a las grandes fortunas. “Se debería reflexionar sobre esta cuestión, ya que en exceso, podría provocar un efecto desincentivador, tanto para los posibles inversores extranjeros como para los ciudadanos españoles en un contexto de libre circulación de capital en la UE”.
