La Unión Europea ha invertido más de 16.000 millones de euros en subvenciones a los Estados para fomentar la movilidad urbana sostenible, pero los resultados obtenidos son irrisorios.
Texto: Adrià Gratacós Torras
La transformación de la movilidad urbana de las metrópolis europeas hacia un sistema medioambientalmente sostenible se ha convertido en una de las prioridades de la nueva Comisión Europea. Actualmente, el transporte representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Y justamente por este motivo la UE se ha fijado como objetivo promover el uso de transportes más limpios, eficientes y sanos, tanto públicos como privados. Dentro de los objetivos de cero emisiones del Green Deal aprobado por la Comisión Europea se contempla la transformación de la movilidad urbana de las ciudades europeas. Sin embargo, los esfuerzos de la Unión Europea para virar hacia un transporte limpio y sostenible vienen de lejos.
En 2013 la Comisión Europea emitió un paquete valorado en 13.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 destinado a la financiación del transporte urbano sostenible. Un paquete que, a pesar del gran volumen de recursos económicos destinados, no ha generado los resultados esperados. Al menos así lo asegura el informe “Movilidad urbana sostenible en la UE” del Tribunal de Cuentas Europeo, que no ha identificado ningún cambio substancial en el uso del vehículo privado y en la contaminación atmosférica de las ciudades europeas. El informe del Tribunal de Cuentas Europeo es demoledor: Los 16.3000 millones de euros invertidos no han generado ningún indicio preciso de cambio en los planteamientos de la movilidad urbana de las ciudades europeas.
El informe, publicado este 2020, ha estudiado la movilidad urbana de ocho ciudades estratégicas de Alemania, Italia, Polonia y España, entre ellas Barcelona y Madrid. Un estudio que pretende detallar en qué se han transformado los esfuerzos económicos de la Unión Europea para el desarrollo de la sostenibilidad en la movilidad urbana.
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo es demoledor: Los 16.3000 millones de euros invertidos no han generado ningún indicio preciso de cambio en los planteamientos de la movilidad urbana de las ciudades europeas.
La movilidad de las ciudades sigue congestionada y la calidad del aire es inferior a los baremos de seguridad
La Unión Europea ha redoblado sus esfuerzos para transformar la movilidad urbana de las ciudades europeas en la última década. A pesar de vivir un contexto de crisis económica, la Comisión asignó fondos europeos dotados en 11.200 millones de euros entre 2007 y 2013, y 16.3000 millones más para el periodo 2013-2020. Es decir, en los últimos 13 años la Unión Europea ha financiado la movilidad urbana sostenible en más de 26.5000 millones de euros. La cifra, para situarla en un contexto, supone cerca del 8% de los Presupuestos Generales del Estado Español. O, sin ir más lejos, es una cifra parecida al gasto no financiero programado en los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya.
En los últimos 13 años la Unión Europea ha financiado la movilidad urbana sostenible en más de 26.5000 millones de euros
En el informe del Tribunal de Cuentas Europeo se analiza la proporción del tipo de transporte existente en cada ciudad, la contaminación producida por el transporte, los niveles de congestión y la cobertura y accesibilidad del transporte público en las ciudades y la periferia. Y la primera conclusión del informe es que no se observa una tendencia clara hacia el uso de un transporte más sostenible. Como consecuencia de una falta de impulso en el transporte público sostenible, el informe también detecta un uso consolidado del vehículo privado. De hecho, de las 13 ciudades europeas analizadas, el informe solo identifica una reducción del uso del vehículo privado en dos: Amberes y Burdeos. A otras ciudades como Lisboa, Copenhague, Nuremberg, Riga, Leipzig y Barcelona el uso del vehículo privado se ha mantenido estable durante los últimos años. Y en las ciudades de Budapest y Madrid, el uso del coche se ha incrementado considerablemente. Este aumento del uso del vehículo privado, no solo perjuicios para la calidad del aire, sino que también tiene un coste económico devastador. Los costes de congestión del tráfico para la sociedad ascienden a 270.000 millones de euros al año.
Los costes de congestión del tráfico para la sociedad ascienden a 270.000 millones de euros al año.
Por otro lado, el informe asegura que las emisiones de efecto invernadero en las metrópolis europeas se han reducido entre 1990 y 2017, pero no gracias a la movilidad urbana. De hecho, los autores del estudio aseguran que las emisiones del transporte han aumentado en las últimas dos décadas. Pero también lo han hecho en los últimos tres años. El transporte ha aumentado un 5% sus emisiones de CO2 entre 2014 y 2017, lo que supone la emisión de 45 millones de toneladas de CO2 más. Del total de emisiones atribuibles al transporte (que suponen el 25% del total de la Unión Europea) el 23% se producen en zonas urbanas.
La falta de una legislación comunitaria en materia de movilidad urbana, el principal motivo de los bajos resultados
Pero, ¿Cuáles son los motivos que justifican la baja efectividad de las subvenciones europeas en la mejora de la movilidad urbana? Según el informe, la falta de una legislación concreta al respecto produce que muchos Estados miembro y ciudades hayan elaborado planes de movilidad urbana sostenible poco rigurosos. “No existe ningún requisito que condicione el acceso a la financiación de la UE a la implementación de estos planes”, asegura el Tribunal de Cuentas Europeo. En el informe, el órgano europeo valora el esfuerzo de la Comisión para sensibilizar los Estados miembro sobre la necesidad de aplicar un enfoque integrado a la movilidad urbana sostenible.
Sin embargo, la falta de efectividad de las iniciativas en movilidad urbana sostenible financiadas por la Comisión Europea también se debe a la falta de directrices a la hora de solicitar las ayudas por parte de los Estados y las ciudades. El informe recalca que los beneficiarios de la financiación de la UE no deben seguir directrices de la Comisión ni tener ningún plan de movilidad urbana. De hecho, ni siquiera se requiere una estrategia nacional de transporte urbano global. El informe matiza que en el caso de España e Italia sí se han establecido Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para poder acceder a los fondos de la Unión Europea. En todo caso, la conclusión del informe es clara: no es posible una mejora substancial sin el compromiso de los Estados miembro.
Los beneficiarios de la financiación de la UE no deben seguir directrices de la Comisión ni tener ningún plan de movilidad urbana.
Reducir el uso del vehículo privado y elaborar Planes Integrales de Movilidad Urbana Sostenible, las soluciones
En definitiva, el Tribunal de Cuentas Europeo hace un llamamiento a todos los actores políticos a comprometerse a transformar la movilidad urbana de las ciudades del viejo continente. El informe alerta que el uso del vehículo privado sigue consolidado en la mayoría de urbes europeas y que el uso del transporte público es todavía poco atractivo. Por otro lado, el informe también alerta que para hacer sostenible la red de transporte público es imprescindible renovar el parque de vehículos públicos. Según los datos analizados, la edad media de los autobuses de Barcelona es de nueve años. En el caso de Italia, la red de autobuses se encuentra todavía más envejecida, superando la década de edad en ciudades como Nápoles o Palermo
Y para revertir la falta de efectividad en la transformación hacia una movilidad urbana sostenible, el informe aboga por la creación de Planes Integrales de Movilidad. La falta de capacidad de transformación de la movilidad no se debe a una falta de recursos. Según el informe, el dinero invertido por la Unión Europea en la última década deberían haber sido suficientes para identificar cambios significativos en la movilidad. Por eso, el Tribunal considera imprescindible que se supedite la financiación al establecimiento de planes de movilidad sostenibles.
Por otro lado, también recomienda a la Comisión Europea que obligue a los Estados miembro a presentar informes de los progresos realizados en materia de movilidad. Recursos económicos, eficiencia en los planes de movilidad y compromiso de los Estados miembro, es la receta del Tribunal de Cuentas para resolver un problema endémico en las metrópolis europeas. El grado de compromiso de los actores públicos, como siempre, será central para conseguir, o no, una movilidad sostenible que haga más habitables y respirables la ciudades donde vivimos.
