“Seguimos reivindicando un régimen sancionador”
El pasado 30 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, conocido como ‘ley crea y crece’. Esta normativa pretende facilitar la constitución de nuevas sociedades y fomentar su expansión, reduciendo los obstáculos regulatorios y financieros, así como combatir la morosidad comercial desde la contratación pública. Repasamos de la mano de Antoni Cañete, presidente de PIMEC y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), las luces y las sombras de esta norma y cómo afectará a los intereses de pymes y autónomos.
Fotos: Pimec
Posibilidad de crear una sociedad de responsabilidad limitada con un capital inicial de 1 euro frente a los 3.000 actuales, ventanilla única para constituir de forma íntegra una empresa y ampliación de las actividades económicas exentas de licencia. ¿La nueva ‘Ley crea y crece’ nace realmente con un pan bajo el brazo para pymes y autónomos?
Esta es, sin duda, una ley que va en la dirección correcta y que toma decisiones correctas. Que se constituya en 24 horas una empresa con 1 euro y con una tramitación única es algo muy bienvenido porque es simplificación administrativa, algo que reclamamos cada día. Pero hay otros elementos importantes para favorecer el crecimiento empresarial de las pymes —y que la ley tampoco recoge porque no le son propios— como tener capacidad de financiación, no pagar impuestos hasta que no tengas beneficios o simplificar las ayudas focalizadas en sectores de actividad prioritarios.
¿Creen entonces que podrían haberse legislado medidas más ambiciosas para facilitar el crecimiento empresarial?
Como decía, nosotros consideramos muy positivamente esta simplificación administrativa y la facilidad para constituir una empresa, pues son una condición necesaria, pero para lograr que una actividad triunfe se requieren acciones de financiación, apoyo y condiciones fiscales. Desde el inicio de nuestro mandato, en PIMEC siempre hemos pedido que se legisle pensando primero en los pequeños para que podamos crecer y hacernos grandes. Y esta ley tiene mucho de esto: es una ley que por primera vez ha contemplado nuestras propuestas para que se piense primero en los pequeños para poder permitir que crezcan. En este caso concreto, se ha pensado en los pequeños a la hora de constituir una sociedad, pero faltan esas otras medidas complementarias en financiación para que las pymes puedan crecer y que nosotros seguimos reclamando.
“Siempre hemos pedido que se legisle pensando primero en los pequeños para que podamos crecer y hacernos grandes. Y esta ley tiene mucho de esto […], pero faltan esas otras medidas complementarias en financiación para que las pymes puedan crecer y que nosotros seguimos reclamando”.
La norma sí da un giro a la morosidad en España, al reducir, como ustedes reclamaban, los plazos de pagos y controlar mejorar a las empresas que no los cumplan. ¿Desde PIMEC y la PMcM se sienten satisfechos con el resultado?
Si comparamos el proyecto de ley tal y como se presentó con el que finalmente se ha aprobado, hay una gran diferencia. Los partidos políticos han tenido en consideración las enmiendas que propusimos para que la ley fuera eficaz y efectiva en este sentido. Se ha avanzado de una forma significativa sobre todo en dos ejes. En primer lugar, para poder acceder a una subvención, toda empresa de nuestro país que tenga más de 50 trabajadores tendrá la obligación de presentar un certificado conforme está cumpliendo correctamente con los plazos de pago a sus proveedores. Por un lado, esto es pensar primero en pequeño, porque no impone más obligaciones a las pymes con menos de 50 empleados, que son las que no pueden engañar o generar morosidad, ya que no tienen capacidad de imponer plazos de pago superiores porque o pagan en plazo o no les sirven los productos. Así hemos conseguido un gran avance, porque antes había muy grandes empresas que cobraban subvenciones y no pagaban en plazo, tal y como nosotros denunciamos. Además, por otro lado, en esta ley, para evitar trampas, se ha eliminado la posibilidad de usar como justificantes documentos cambiarios, como el confirming. Así, es una enmienda que piensa primero en pequeño y que controla que las empresas que reciben subvenciones paguen dentro de plazo. Por tanto, es una cuestión que valoramos muy positivamente.
¿Y el segundo eje?
Es el referido a la parte de la contratación pública. Tenemos un grave problema, que nosotros venimos denunciando desde hace ya tiempo, que es que hay grandes empresas que ganan un contrato público y cobran bien, pero subcontratan a su vez a pymes para llevar a cabo su actividad a las cuales pagan mal. Para nosotros era absolutamente esencial que el contratista principal pague bien al subcontratista para que el dinero público tenga efecto en toda la cadena de valor. Y esto que puede parecer fácil, no lo era tanto, puesto que había empresas que cobraban a 30 días y pagaban a 200. Con la nueva ley, sin embargo, en las contrataciones de más de 5 millones de euros, el contratista principal deberá presentar a la administración la documentación que garantice que ha pagado a sus subcontratistas para poder cobrar. Porque, además, en un contexto de dificultades de financiación y con intereses altos como el actual, en el que la inflación provoca que 1.000 euros en enero se conviertan en 900 en diciembre, pagar tarde es pagar cada vez menos. Por eso, leyes como esta, que permiten controlar que las grandes empresas pagan y que obligan a pagar para cobrar, permiten construir condiciones para que no se produzcan abusos y para que no se cierren empresas ni, sobre todo, se pierdan puestos de trabajo.
Así pues, estas son dos medidas que valoramos muy positivamente porque han cambiado claramente el anteproyecto. Y eso es un valor positivo.
“Leyes como esta, que permiten controlar que las grandes empresas pagan y que obligan a pagar para cobrar, permiten construir condiciones para que no se produzcan abusos y para que no se cierren empresas ni, sobre todo, se pierdan puestos de trabajo”.
La ley también promete transparencia y una lista negra de grandes morosos.
Efectivamente, las empresas [de más de 250 trabajadores y más de 8 millones de facturación o 4 millones de activos] que no tengan la declaración simplificada, ahora tendrán la obligación de informar en su página web y en un informe de cuentas anual no solo de cuál es su plazo medio de pago a sus proveedores sino también de qué porcentaje de facturas pagan fuera de plazo. Además, la ley prevé la creación del Observatorio de la Morosidad, una lista de morosos anual [que identificará a las compañías con más de 600.000 euros de deuda atrasada con sus proveedores o más de un 5% de facturas fuera de plazo] e impone la obligatoriedad de la facturación electrónica, mejorando así el control y la trazabilidad. Y esto, sin duda, significa un gran avance en transparencia.
Pero esto solo no soluciona toda la morosidad.
No, estas medidas pueden solucionar una parte de los problemas, pero no son suficientes para acabar con el problema de la morosidad. Nosotros seguimos reivindicando un régimen sancionador. Y, además, seguimos denunciando que la Ley de ordenación del comercio minorista, la LORCOMIN, permite, a través del artículo 17, que las empresas de este ámbito puedan pagar los productos que no son ni frescos ni perecederos (estos sí deben pagarse a 30-60 días) sin plazos marcados. Una gran superficie, por ejemplo, puede pagar a 2.000 días y estaría dentro de la legalidad. Y esto es algo inexplicable e injustificable.
¿Ustedes formarán parte del futuro Observatorio de la Morosidad?
Entendemos que, si la PMcM, que es la que está reconocida por ley como la organización que representa los intereses en el ámbito de pagos, no estuviera en el desarrollo reglamentario de la ley y, por tanto, en la mesa en la que se participa en este sentido para poder debatir y hacer su seguimiento y en el propio Observatorio, sería como no tener el vigilante encargado del cumplimiento de la ley dentro de los órganos de control.
¿Cuándo está prevista su puesta en marcha?
Esto depende del Ministerio. Pero nosotros confiamos que, en cuanto esté aprobada la ley, y atendiendo a la situación en la que estamos, se pondrá en marcha con la máxima urgencia.
“Para muchas pymes la adaptación a la factura electrónica supone un coste y un tiempo, por lo que necesitan este período de adaptación que nosotros propusimos y que se ha aceptado. Además, ahora esta transición la podrán hacer coincidir con la tramitación del bono Kit Digital, el programa de ayudas a la digitalización que les puede permitir lograr la financiación necesaria para ello”.
Otro punto destacable de esta ley que, como ustedes dicen, “piensa en pequeño para permitir crecer después”, es el plazo de adaptación de pymes y autónomos para adecuar sus sistemas a la factura electrónica. Se empezará con el tramo de empresas que facturan más de 8 millones de euros; dentro de dos años, será ya de aplicación general. ¿En qué punto se encuentran las pequeñas y medianas empresas?
Para muchas pymes la adaptación a la factura electrónica supone un coste y un tiempo, por lo que necesitan este período de adaptación que nosotros propusimos y que se ha aceptado. Además, ahora esta transición la podrán hacer coincidir con la tramitación del bono Kit Digital, el programa de ayudas a la digitalización que les puede permitir lograr la financiación necesaria para ello.
