Empecemos por el principio: ¿qué es una pensión de jubilación? Es una retribución que se percibe para poder vivir en un momento de la vida en el que por razón de edad no se puede o no se debe trabajar y, por lo tanto, no se tienen ingresos por renta de trabajo.
JOSÉ Mª GALILEA. Socio fundador y presidente de Grupo Galilea Puig, Corredurias de Seguros Asociadas, SA.
El dinero necesario para la financiación de la retribución de la jubilación puede proceder del ahorro durante la época activa de cada uno o del erario. Sin embargo, el erario no genera dinero. El llamado dinero público no existe, sino que siempre procede de los impuestos, las tasas, los aranceles y la actividad privada, y la Administración lo recauda de cualquier movimiento económico, financiero o mercantil, e incluso de los salarios de los individuos; o sea, procede de la actividad de las personas tanto físicas como jurídicas.
El llamado dinero público no existe, sino que siempre procede de los impuestos, las tasas, los aranceles y la actividad privada.
Este dinero “extraído” de la sociedad activa y productiva pasa por la trituradora del Estado y, descontados los gastos de la Administración, el coste de los servicios que el Estado debe proveer y otros circuitos y destinos complejos, se devuelve al ciudadano, pero según un reparto con criterio político a veces electoralista y por desgracia casi nunca técnico, ni realista, ni social.
¿Cómo es posible que en pocos días desde la Administración del Estado decidan aumentar todas las pensiones, alargar el periodo de cálculo y destruir y penalizar el ahorro particular a largo plazo, la base de la pensión privada?
¿Hay o no hay dinero para las pensiones públicas? Evidentemente, no. Porque recordemos que, por el sistema vigente de reparto, son las personas activas, con sus cotizaciones e impuestos, quienes pagan las pensiones de jubilación. Pero sabemos desde hace tiempo que la pirámide de edad se ha invertido completamente y hoy en día se da una desproporción entre la población activa y la jubilada, hecho que no ocurría cuando se instauró este sistema. Por un lado, la esperanza de vida ha crecido exponencialmente (viven más de 18.000 centenarios en España) y, por otro, hay un altísimo porcentaje de población activa en el paro.
La pirámide de edad se ha invertido completamente y hoy en dia se da una desproporción entre la población activa y la jubilada, hecho que no acurriía cuando se intauró este sistema
Además, todo ello se da en una situación en la que el Estado puede llegar a recaudar un 50% del importe total del coste de una nómina a través del IRPF, que se le retiene al empleado, y de la cotización a la Seguridad Social, que debe pagar la empresa. Si el propio Estado dice, y es cierto, que no tiene dinero, ¿en qué se está gastando esa ingente cantidad de impuestos? Evidentemente, el sistema no funciona y hay que revisarlo, y con más motivo tras los reiterados avisos de Bruselas.
Así, para entender mejor lo que ocurre, vale la pena recordar las palabras del catedrático y exministro de Economía Don Enrique Fuentes Quintana a las preguntas de un avispado y perspicaz periodista:
— ¿Está mal la Seguridad Social?
— Sí.
— ¿Tiene solución?
— Sí.
— ¿Se solucionará?
— No, porque los períodos electorales son de solo cuatro años y no hacen posible implementar soluciones sin coste electoral.
El sistema no funciona y hay que revisarlo, y con más motivo tras los reiterados avisos de bruselas
Así pues, parece que desde hace muchos años se sabía que no había solución para la situación de las pensiones de jubilación bajo la actual estructura política y que no se arreglaría ni con los Pactos de Toledo. Además, la situación ya históricamente difícil y con inercia complicada se ha ido agravando por decisiones únicamente electoralistas y por la aplicación de políticas cortoplacistas.
En este sentido, cabe recordar que la primera pensión pública la estableció Bismarck en 1889 y se empezaba a cobrar a los 70 años, pero en aquella época la esperanza de vida era de poco menos de 65 años y además la pirámide de edad era inversa a la actual, con mucha más gente activa que jubilada.
Antes de que el dinero sea absorbido por el Estado, se podría hacer que ni los ahorros ni sus rentas ni sus plusvalías tributen (dichoso impuesto de patrimonio), que las aportaciones al ahorro finalista no tributen por renta y que la empresa también pueda contribuir sin penalización impositiva. Así, con una buena legislación fiscal y mentalizando a los ciudadanos de la importancia del ahorro privado como complemento a la jubilación, se podrían hacer milagros. Incluso sería bueno dejar de mandar el mensaje de que todo depende del “papá Estado”. En palabras de Warren Buffett, “No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar”.
De todos modos, que nadie piense que solo con el ahorro privado podríamos resolver el problema de las pensiones, pero tampoco es factible pensar en solucionarlo solo con dinero público, que como ya hemos recordado solo se genera detrayéndolo de la actividad privada.
Que nadie piense que solo con el ahorro privado podríamos resolver el problema de las pensiones, pero tampoco es factible pensar en solucionarlo solo con dinero público
Un ejemplo sangrante y parecido lo tenemos también en la Sanidad. Un 24% de ciudadanos españoles pagamos seguro privado de salud sin ningún incentivo fiscal (antes sí que lo había). ¿Qué ocurriría si fuéramos todos a la sanidad pública por no tener asistencia privada de salud? El colapso sería todavía más monumental. ¿No es lógico un beneficio fiscal a quien no utiliza recursos públicos, facilitando así el acceso a los servicios a los demás ciudadanos?
Hablemos de la jubilación pública. Dejen de tomar decisiones electoralistas y afronten realidades como que la edad de jubilación debería ir en función de la actividad realizada: no es lo mismo un trabajo manual con esfuerzo físico que otro intelectual y sedentario. Otra variable a tener en cuenta debería ser la salud y el estado físico que le depare la vida; en varias ocasiones se mezclan las pensiones de invalidez con las de jubilación.
Deberíamos entender que la solución es la colaboración público-privada ya que, como está comprobado, este maldito sistema de exprimir al ciudadano para luego devolver parte a la población no tiene futuro. Ir ampliando los años de cálculo –dos años al principio, luego ocho, más tarde quince, luego veinte, más adelante veinticinco (y sabemos que acabará con toda la vida laboral)– no es solución.
Pretender aumentar más las cotizaciones, aumentar las pensiones según el IPC y suprimir casi toda ayuda al ahorro (incluido el finalista de los particulares) es intentar dejar al ciudadano en manos del Estado y esto no es bueno, ni desde el punto de vista financiero, ni social, ni ético. Y, además, no es sostenible.
Así pues, y resumiendo, hay que tener en cuenta dos fuentes de ingresos para las pensiones: el dinero público y el ahorro privado. Y en relación con ello, hay que administrar mejor el dinero público y fomentar fiscalmente el ahorro.
