VALENTÍ PICH. Presidente del Consejo General de Economistas
Una de las grandes causas que han ocupado en los últimos años discursos sobre el futuro de la economía es lo referente a la desigualdad económica. En torno a esta cuestión giran debates tan amplios como el modelo de organización del Estado, el nivel de impuestos o las posibles reformas del mercado laboral. En economía, nos referimos a la desigualdad en términos de renta. Si tenemos en cuenta los ingresos de una determinada unidad y el nivel de presión fiscal al que se somete1, obtenemos la renta disponible. Así, situamos en ingresos y en impuestos y cotizaciones sociales dos variables para entender cómo se generan diferencias en la renta.
El indicador que resulta más conveniente para medirla es el Coeficiente de Gini. Se trata de un indicador de concentración que toma valores entre 0 y 1, donde 0 significa que toda la muestra analizada concentra la misma cantidad de la variable observada, y 1, que solo un individuo concentra toda la variable. En Europa existen distintos niveles de desigualdad. Según los datos de 2020, este coeficiente toma valores entre 20,9 para Eslovaquia (el menos desigual) y 43,4 para Turquía (el más desigual). Entre estos valores, encontramos España, con un coeficiente de 32,1, el décimo. En el conjunto de la UE y la Eurozona, la tendencia a la baja también se observa en el mismo periodo, sin embargo, existen determinadas diferencias:
˗ Los valores promedios son más elevados en España que en la Eurozona y la UE durante los años observados.
˗ Los cambios en España son más abruptos que los de la media europea.
En cuanto al marco teórico, las primeras aportaciones a esta relación apuntaban que una cierta desigualdad era beneficiosa: en la medida que el capital se concentra, se generan incentivos a la inversión y al ahorro. Si las rentas altas se concentran en los niveles de la sociedad con mayor formación, habrá incentivos en la población a formarse más. Sin embargo, también hay aportaciones teóricas en cuanto a los efectos negativos: una menor inversión en capital humano lastraría el crecimiento potencial de una economía. En el plano empírico, las investigaciones hasta la fecha remarcan dos conclusiones:
1-Mayores niveles de desigualdad en los ingresos se relacionan con menores tasas de crecimiento económico.
2-Las rentas del trabajo suponen el principal componente a la hora de entender la composición de la renta de las personas.
Un tema como este se presta a investigaciones extensas y pormenorizadas como varias de las que ya existen y como aquellas que, probablemente, seguirán haciéndose en el futuro. Creo que es una cuestión ampliamente aceptada pensar que, al menos, determinados niveles de igualdad son necesarios para un correcto desarrollo económico. En la medida que ciertas cuestiones quedan aseguradas para la inmensa mayoría de una población, los riesgos de producirse episodios de conflictividad social tenderán a reducirse y sus miembros podrán prosperar más establemente.
Para sintetizar, situaría el problema de la desigualdad en torno a dos claves principales: el potencial de la economía y la capacidad redistributiva del sistema público. Una apuesta por la industria y la tecnología nos permitirá ampliar el potencial de nuestro PIB, incentivaría más formación de capital humano e impulsaría la producción española hacia sectores de mayor valor añadido. Seguidamente, se debe hacer más eficiente la recaudación y la asignación de recursos públicos para hacer llegar a los estratos más desfavorecidos de la sociedad los recursos que les conduzcan a una mayor estabilidad.
1 Para más detalle acerca de la presión fiscal, visitar nuestra Clave Económica nº25 en
https://servicioestudios.economistas.es/wp-content/uploads/sites/25/2023/03/SE-Clave25-PRESION-FISCAL.pdf
