El Congreso de los Diputados acaba de recibir el texto del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, cuyo objetivo principal es cubrir expediente y cumplir el hito 148 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España para recibir los Fondos Next Generation.
JOSÉ ANTONIO GALDÓN RUIZ. Presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España.
Se trata de un documento que adolece de los objetivos fijados y que se aleja cada vez más de la realidad social y empresarial, todo ello por la necesidad legal de cumplir lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, y en el RD Legislativo 5/2015, que es la legislación que se tendría que haber modificado y que por tanto afectaría a todas las Administraciones Públicas y no solo a la del Estado. Pero esto tendría otros tiempos y otras negociaciones muy diferentes, para las que no se dan las circunstancias adecuadas.
Es una reforma que no afecta a lo esencial, y cuyo objetivo, permítanme la expresión, es la de “vestir el santo”, pero que en modo alguno soluciona los problemas reales de competitividad y modernidad en la Función Pública, y deja en entredicho los principios de mérito, capacidad e igualdad.
De hecho, hace poco más de un año el Gobierno de España firmó la declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos comunes de las Administraciones Públicas europeas, donde la Secretaría de Estado de Hacienda se comprometía a la democratización del acceso al empleo público y a la adaptación de los procesos de selección al siglo XXI. Sin embargo, la Administración del Estado sigue manteniendo los mismos cuerpos en el ámbito de las Ingenierías de principios del siglo XX, con la misma regulación y exigencias, pese a los numerosos cambios sociales, económicos, universitarios y tecnológicos que ha experimentado nuestro país, lo cual debería propiciar como mínimo una reflexión al respecto. Y es que no se puede hablar de una Función Pública del siglo XXI que restrinja el acceso al Grupo A1 a los actuales titulados universitarios de grado en Ingeniería, al contrario de lo que ocurre en la empresa privada, donde no hay límites.
Se trata de un proyecto de ley que utiliza de forma recurrente competencias, carrera profesional, aprendizaje permanente, etc., pero que sin embargo obvia por completo todo lo que ya está legislado en esta materia
Pero lo más preocupante es la falta de coordinación y coherencia entre la maraña normativa a la que estamos sometidos, que, lejos de guiarnos, genera indefensión e incertidumbre. Se trata de un proyecto de Ley que utiliza de forma recurrente competencias, carrera profesional, aprendizaje permanente, etc., pero que sin embargo obvia por completo todo lo que ya está legislado en esta materia –el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y su correspondencia con el marco europeo EQF (cualificaciones profesionales)–, que resulta totalmente válido para la empresa privada y que sin embargo es invisible para la Función Pública. Además, se siguen manteniendo dos niveles dentro del Grupo A (A1 y A2), algo que no encaja con lo existente en el ámbito privado, donde existe el Grupo de Cotización 1 para todos los titulados universitarios, y se obvian por completo legislaciones esenciales en el marco de las actividades profesionales, como la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, introduciendo restricciones de acceso totalmente injustificadas que limitan los derechos del resto de ciudadanos e impiden la tan manida pero a su vez denostada competitividad.Por tanto, estamos hablando de un proyecto de Ley nada ejemplarizante, improvisado por las necesidades del guion y que en nada se ajusta a las necesidades del sector público, que continua muy necesitado de modernizarse y mejorar la productividad, para lo que es imprescindible elegir a los mejores entre muchos y no entre unos pocos.
