El año pasado el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya celebró su 20 aniversario. Sin embargo, la profesión viene de mucho más lejos. Precisamente este año se conmemoran los 85 años de la creación del primer Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya, constituido dos meses después de instaurar la Segunda República. A continuación hablamos sobre el presente y sobre todo el futuro de los auditores con el actual presidente de la entidad, Daniel Faura.
Texto: Berta Seijo
Fotos: Cedidas
El origen del término «auditoría» proviene del mundo contable y financiero, e implica la verificación externa de las cuentas de las empresas y las organizaciones hecha por profesionales independientes. Pero sí que es cierto que últimamente vemos como el término «auditoría» se equipara a cualquier comprobación del campo que sea y no necesariamente la hacen auditores independientes.
Ante posibles casos de fraude, ¿cómo se garantiza la independencia del auditor? ¿Cómo se deben gestionar los conflictos de interés?
Este es el tema clave de la auditoría, es decir, la independencia es la esencia de nuestro trabajo. La misma Ley de Auditoría ya contempla cuáles son los conflictos de interés que pueden dañar esta independencia. Por ejemplo, no se pueden aceptar encargos cuando hay vínculos familiares o financieros entre el auditor y el auditado. Tampoco podemos asumir trabajos que supongan una parte muy significativa de nuestros ingresos totales. La auditoría es una labor preventiva que se debe hacer regularmente para que no haya fraudes, pero si hay sospecha de fraude debe encargarse un trabajo de investigación.
«La independencia es la esencia de nuestro trabajo»
Entonces, entiendo que la auditoría nunca puede ofrecer una seguridad absoluta.
Exacto y aquí entra en juego el concepto de «materialidad»: todo lo que encontramos que sea significativo y no concuerde con las normas debemos incluirlo como opinión con salvedades o con reservas. Como trabajamos en base a unas muestras, la seguridad no sería absoluta, sino razonable.
Otro de los retos que os proponéis es profesionalizar especialistas en el campo del control de los fondos públicos. Pero la nueva Ley de Auditoría de Cuentas ha excluido este cambio. ¿Qué ha fallado?
La Ley es consecuencia de la aplicación de la normativa comunitaria aprobada en el 2014 por el Parlamento Europeo. De hecho, todos los estados miembros de la UE tenían tiempo para aprobarla en sus respectivos parlamentos hasta el próximo 30 de junio, pero España tuvo mucha prisa y lo hizo el pasado mes de julio de 2015. Por lo tanto, hay aspectos que nos preocupan porque no se han decidido con consenso. Además, hemos perdido la oportunidad de introducir medidas con las opciones que ofrecía la normativa europea, como por ejemplo favorecer la participación de varios auditores en un mismo proceso de auditoría -que ampliaría la base de firmas auditoras en el mercado- o que el sector público, sobre todo el local, fuera obligatoriamente objeto de auditoría por parte de profesionales externos independientes. En este sentido, no compartimos que haya un nivel de exigencia superior en el sector privado que en el público.
Es evidente que hablamos de una profesión que debe estar muy atenta a los cambios legislativos. ¿Esto quiere decir que los despachos con un equipo reducido lo tienen cada vez más difícil?
Si queremos que sea una profesión sólida y sostenible a largo plazo, es cierto que las firmas necesitarán más tamaño para ser más competitivas y afrontar la proliferación de normativas y otros aspectos como la transformación de la economía, el nacimiento de nuevos modelos de negocio o la irrupción tecnológica. Por este motivo, desde el Col·legi estamos favoreciendo acuerdos entre despachos.
En esta línea, ¿piensa que un despacho donde trabaje un equipo multidisciplinario tiene más posibilidades de destacar en el mercado?
Sí, porque la información que los grupos de interés requieren de las organizaciones ya no es sólo financiera, sino que incorpora otros ámbitos: social, medioambiental, mucha normativa de prevención de blanqueo de capitales, de responsabilidad penal de las empresas, etc.
Hablando del bagaje de los auditores, ¿actualmente se exige más formación continuada que antes?
La exigencia de la formación continuada ya viene de lejos, desde la normativa que establecen los organismos internacionales (la IFAC es el más importante). Lo que sí es cierto es que los contenidos de esta formación continuada van cambiando y entramos en los temas «no financieros», como he comentado anteriormente.
Otra de las demandas de las empresas hacia los auditores es que estos adviertan sobre posibles riesgos a largo plazo.
Exacto, más allá de validar unos datos pasados, quieren que opinemos sobre su sostenibilidad futura. Ya forma parte de nuestro trabajo y de nuestro valor añadido evaluar si las estrategias que las empresas siguen para asumir los riesgos son adecuadas o no.
“Más allá de validar unos datos pasados, quieren que opinemos sobre su sostenibilidad futura. Ya forma parte de nuestro trabajo y de nuestro valor añadido evaluar si las estrategias que las empresas siguen para asumir los riesgos son adecuadas o no.”
El Col·legi está muy comprometido en materia de RSE. En este sentido, ¿qué progresos han llevado a cabo a lo largo de los años?
Hace 10 años que constituimos una comisión de RSE como miembros activos de la organización del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la Global Reporting Initiative (GRI). Esto nos ha permitido impulsar el informe integrado, fruto de la exigencia de los grupos de interés que piden más información no financiera. En 2013, el GRI aprobó un marco internacional de normas en cuanto a estos informes. Sin embargo, como que son de aplicación voluntaria, muchas empresas los adaptan a su manera y todavía no son relevantes en la toma de decisiones. Queda mucho por hacer, pero es un camino sin retorno.
En cuanto a la Ley de Liberalización de los Servicios, ¿cómo cree que les afectará que los auditores no tengan que estar vinculados a una agrupación profesional?
La liberalización de los servicios es una tendencia imparable a nivel internacional, pero la auditoría no se verá tan afectada como otros sectores porque es una actividad de interés público y, consecuentemente, está híper-regulada. Nunca ha sido obligatorio que los auditores fueran del Col·legi, por lo tanto, nuestro valor añadido son los servicios que ofrecemos: un departamento técnico muy potente, la Escuela de Auditoría y nuestras comisiones sectoriales y especializadas.
