La reciente aprobación de las reglas fiscales en la Unión Europea y sus implicancias para España, especialmente en el contexto de la renuncia del Gobierno a presentar los presupuestos generales del Estado para este año 2024, confirmando la prórroga de los del ejercicio anterior, constituye un punto de inflexión para la gobernanza fiscal a nivel europeo, con una incidencia significativa y diferencial en nuestro país.
MIGUEL A. VÁZQUEZ TAÍN. Presidente del Consello Galego de Economistas.
Decano del Colegio de Economistas de A Coruña
Esto obliga a analizar cómo la gestión de un presupuesto prorrogado puede y debe alinearse con estos requisitos, al tiempo que es capaz de dar respuesta a las necesidades de la economía española.
El nuevo marco resultante refleja un equilibrio entre la necesidad de disciplina fiscal —se limita al 3% el déficit y al 60% la deuda pública sobre el PIB— y la flexibilidad para permitir a los países, en un enfoque más personalizado y ajustado a sus propias características, afrontar sus necesidades de gasto, centrándose en la sostenibilidad de la deuda y en un planteamiento más matizado de la gestión fiscal, otorgando a los gobiernos más control sobre su ritmo de ajuste.
La necesidad de adaptarse a unas reglas fiscales más complejas se produce en un momento de prórroga presupuestaria
Para nuestro país, que cerró el ejercicio de 2023 con una ratio de deuda pública respecto al PIB del 107,7% y un déficit del 3,6%, datos ambos que se sitúan por encima de los umbrales antes señalados, estas reformas suponen desafíos y oportunidades singulares.
La necesidad de adaptarse a unas reglas fiscales más complejas se produce en un momento de prórroga presupuestaria, situación que, a pesar de que desde el Gobierno se le ha restado importancia, complica la posibilidad de afrontar con éxito los retos que tenemos por delante.
De entrada, limita la posibilidad del Gobierno de asumir nuevos gastos en ámbitos estratégicos, pero sobre todo limita su capacidad para afrontar la implementación de las reformas estructurales necesarias para mejorar la eficiencia del gasto y aumentar los ingresos fiscales, elementos clave para garantizar la consolidación fiscal en el medio plazo. Además, esta prórroga presupuestaria, en el marco de un crispado e indefinido panorama político, incrementa una ya de por sí acusada incertidumbre que, sin duda, condicionará aún más las expectativas de empresas y consumidores.
Cada estado miembro deberá presentar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre del presente año
Así las cosas, cada estado miembro deberá presentar sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre del presente año, mientras que la Comisión, por su lado, presentará una trayectoria de referencia a los países que, como España, superen los mencionados límites de déficit y de deuda pública sobre el PIB. En este sentido, se debe proceder cuidadosamente para alinear la estrategia fiscal con los objetivos a largo plazo de crecimiento sostenible e inclusivo, asegurando al mismo tiempo que se cumplan estos nuevos criterios fiscales europeos, lo que requerirá un equilibrio entre la consolidación fiscal y las inversiones en áreas críticas para el futuro económico de nuestro país. Si bien la prórroga puede ayudar a acercarnos al cumplimiento de los objetivos fiscales, ello no supone necesariamente un avance en términos de contención de los desequilibrios estructurales.
Aunque tengamos que esperar al próximo año para empezar a aplicar la senda de ajustes y materializar las grandes reformas necesarias para la modernización tanto de nuestro sector público como de nuestro tejido productivo, se impone, previamente, planificar y consensuar. La realidad política actual no parece proclive a estas acciones, pero si nuestros políticos no quieren ser el principal problema para la economía, deben ser conscientes de los desafíos a los que nos enfrentamos y de su responsabilidad para afrontarlos.
